El fantasma de las interceptaciones ilegales está rondando de nuevo por cuenta del decreto 1077 que expidió el Gobierno Petro. Se trata de una reestructuración de la Dirección Nacional de Inteligencia cuyo documento está firmado por el mandatario; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el director de la Función Pública, César Manrique, y el director (e) de la DNI, Jorge Lemus, quien formó parte del M-19 y reemplazó a Carlos Ramón González, también exmilitante de ese movimiento.
Según la revista Semana, el documento a simple vista da unas directrices para modificar las normas de 2011, entre ellas, la que creó el DNI y que, 13 años después, sí requiere unos ajustes para que la inteligencia y contrainteligencia del Estado funcionen correctamente contra riesgos reales de seguridad.
Sin embargo, leyendo detenidamente el documento, hay algunos artículos que no son lo suficientemente claros y queda abierta la posibilidad de que esas poderosas herramientas sean usadas contra la oposición, periodistas o sencillamente quien no esté de acuerdo con el Gobierno Petro. Queda claro que con este decreto la Dirección de Contrainteligencia podrá recolectar información por medio de fuentes humanas, medios técnicos y abiertos.
“Asesorar al director general en la implementación de políticas y lineamientos institucionales para el desarrollo de las actividades de contrainteligencia con el fin de preservar y salvaguardar el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos, la soberanía y la seguridad nacional de actos hostiles por parte de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros”, dice el artículo noveno del mencionado decreto. Por esa razón, la senadora María Fernanda Cabal cree que con esta decisión del Gobierno Petro se están imitando los pasos de Venezuela, donde se controla a todos los ciudadanos.
“Ellos no van a parar en el adoctrinamiento, y no se define qué es un acto hostil. ¿Gritar “fuera Petro” es un acto hostil? ¿Trinar en contra de una política del Gobierno Petro es hostil? No lo sabemos, esto es muy grave”, dijo la congresista. La senadora cree que la inteligencia de Colombia requiere actualizaciones, pero no tiene duda de que se está aprovechando este documento para otorgar unas facultades sin control alguno.
“Acá no se sabe qué conductas son irregulares, los códigos deben ser claros y acá queda todo a la interpretación y tienen vía libre para actuar como les parezca”, reiteró.
El decreto se expidió el 23 de agosto y allí están contenidos una serie de cambios en la estructura de la Dirección Nacional de Inteligencia, que estuvo bajo el mando de Carlos Ramón González.
David Luna, senador de Cambio Radical, advierte que estos superpoderes son una amenaza real para la libertad y la privacidad de todos los colombianos. “No podemos permitir que, bajo la bandera de la seguridad, se instauren prácticas que nos lleven a un Estado vigilante y represivo, que violente derechos fundamentales como la intimidad, la libertad de expresión y el debido proceso”.
El congresista, que recientemente hizo un debate sobre interceptaciones ilegales, dijo que se está “entregando un cheque en blanco” para la violación de la privacidad de la ciudadanía y que se podría repetir la época de las chuzadas. Además, cree que los métodos de recolección de información podrían generar excesos de la dirección de Contrainteligencia.
“La carencia de detalles sobre la supervisión de estas actividades es alarmante. Sin un control riguroso e independiente, el poder absoluto se convierte en un riesgo absoluto. No podemos permitir que la vigilancia se convierta en una herramienta de represión y abuso, con ciudadanos indefensos frente a un aparato estatal fuera de control”.
En medio de todos los escándalos del país, hay otro artículo que faculta a dicha entidad a proteger los documentos e información con reserva y esto, según Luna, podría consolidar un entorno de secretismo que margina la rendición de cuentas. “La información pública no puede ser secuestrada por unos pocos bajo el pretexto de la seguridad nacional”.
El artículo 10 del decreto dice: “Realizar los análisis y estudios requeridos sobre la credibilidad y confiabilidad de los servidores públicos, contratistas y fuentes de la Entidad según se requiera, de acuerdo con el marco legal y las políticas de la Entidad”.
Sobre esto, Cabal cree que es un perfilamiento para tener control sobre los trabajadores del Estado. Cabal y Luna anuncian demandas, por separado, contra este decreto del Gobierno Petro que abre una nueva polémica en el país
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