Los contratistas y servidores públicos que actúan con evidente dolo, o con negligencia grave en la ejecución de los presupuestos que les son confiados en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos o como contratistas del Estado no pueden seguir saliéndose con la suya, haciendo maniobras jurídicas con las que buscan la forma de “empobrecerse” para evitar que la repetición del Estado los haga pagar de su peculio, sobre los detrimentos al patrimonio que causan con sus procederes.
En la edición anterior The Archipiélago Press reveló que el empresario de la construcción Héctor Hernando Castellanos Zuluaga, el contratista que ha ejecutado multimillonarias obras públicas que han presentado falencias, y algunas han quedado a medias, ha venido realizando una serie de movimientos inmobiliarios en los últimos años, al traspasar algunas propiedades que ha adquirido en San Andrés en tan corto tiempo de estar residenciado en la isla, a personas que al parecer son familiares suyos, mientras paralelamente es investigado por el detrimento patrimonial causado a la Nación en la ejecución de los estadios contratados por Fonade y Coldeportes para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales que se realizaron de manera parcial y con muchas deficiencias en las islas en el año 2008.
La teoría planteada por este rotativo es que podría tratarse de una forma de insolventarse a efectos de no tener que responder con su patrimonio por sanciones fiscales que puedan imponer entes de control como la Contraloría que aun indaga por algunas de las obras incompletas que tiene este contratista; una maniobra similar a la que hizo el exgobernador Pedro Gallardo Forbes que hoy mantiene cinco sanciones por 350 millones de pesos con la Contraloría General de la República por no haber cancelado cinco sanciones por detrimento al patrimonio del Departamento en sus actuaciones como mandatario de las islas, y decidió traspasar sus propiedades a una sociedad familiar en el año 2011.
Castellanos Zuluaga está vinculado a un Proceso Responsabilidad Fiscal número 290 del 2013 por detrimento de 515 millones de pesos por las obras del Estadio de futbol nuevo y Proceso de Responsabilidad Fiscal número 360 de 2014 por detrimento de 1.711 millones de pesos del coliseo de San Luis por que hicieron menos cantidad de obra de la que se había contratado.
No solo Castellanos, dos exgobernadores y directivos y funcionarios de Coldeportes y Fonade están siendo investigados por la ejecución del contrato 2080366 del 27 de febrero de 2008 para la construcción del nuevo coliseo de baloncesto de San Luis, por valor de 5.126 millones de pesos.
En ese proceso se detectaron irregularidades derivadas de la diferencia (cantidad) de la obra contratada con la ejecutada en el estadio; diferencia tasada en unos 226 millones de pesos; diferencia ésta que trajo como consecuencia daños causados por la mala calidad de la obra, la cual fue calculada por la Contraloría en 1.484 millones de pesos; no se tuvo en cuenta la salinidad de la isla; la cubierta que fue instalada con cuadrantes de láminas y tornillos de hierro y que por su cercanía a menos de 100 metros del mar causó un alto grado de oxidación; instalación de ventanas en aluminio con diferencias respecto de lo contratado, puntualmente en el ángulo de inclinación, sin tener en cuenta que por la cercanía al mar y la velocidad de la brisa en la isa, permitió que ingresara el agua lluvia al coliseo deportivo. Estos daños patrimoniales están calculados por el órgano fiscalizador en 1.711 millones de pesos.
Y el proceso de Responsabilidad Fiscal por el contrato 208036 del 27 de febrero de 2008, con el consorcio Orbita Futbol, del que Castellanos hacía parte para la construcción de la tribuna occidental del Estadio de Fútbol de San Andrés, contratada por 5.332 millones de pesos, donde se hallaron también diferencias en la obra contratada con la ejecutada (cantidad) en la construcción del escenario deportivo por la suma de 129 millones de pesos; diferencias en la calidad de la obra por la suma de 386 millones de pesos.
Y adicionalmente en esta edición, este rotativo revela como el comprador de alguna de las propiedades del contratista es al mismo tiempo de ser familiar del constructor, socio en un Consorcio contratado por el Departamento en 2014 para ejecutar trabajos en los mismos escenarios deportivos por los que la Contraloria lo investiga por obras de mala calidad y de menor cantidad de lo contratado; ahora por más de 2.500 millones de pesos.
De modo que al hacerse evidente por un medio de prensa tales maniobras, corresponde a los entes de control empezar la tarea de perseguir las propiedades que tales servidores o contratistas poseen, e investigar si los traspasos que hacen, son maniobras para ocultar tales bienes con los cuales puedan responder por sus actitudes dolosas, a efectos de evitar que terminen blindándose perversamente para no responder por sus obligaciones.
Lo que corresponde es que las investigaciones del caso se aceleren, se tomen las decisiones que corresponda, y se abran nuevas líneas tendientes a establecer si se trata de un ocultamiento de bienes, simulaciones u otras maniobras, y buscar la forma de revertir las mismas para que tales propiedades, adquiridas con el fruto de los contratos mal ejecutados, responda por los daños causados al patrimonio de la Nación y el Departamento.
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