Antonio Colmenares Martínez
La carga que se mueve en el país se ha mantenido con leve crecimiento mientras que el parque automotor de carga ha crecido considerablemente. Ese parece ser punto clave en la compleja problemática que mantiene al país desabastecido como consecuencia del paro de transportadores.
Es notorio el exceso de oferta de camiones porque llegó un momento en que se requerían para movilizar el petróleo y ante la situación de los hidrocarburos muchos camiones cisterna fueron modificados para convertirse en transporte de planchón y desde luego la competencia se hizo evidente.
El hecho de existir en el servicio nacional de transporte casi 400.000 carros aptos para carga con los que se atiende un mercado que podría utilizar apenas 185.000 camiones hace que los fletes se puedan negociar ocasionando descuentos hasta de 40 por ciento, que agradecen los generadores de carga porque es una posibilidad importante de lograr acomodarse económicamente y tener mayores ganancias.
De los casi 400.000 carros, 65.000 son tractomulas y al menos una tercera parte de ellas está por encima de los 30 años de servicio, los demás son camiones normales de los que hay una cantidad cercana a los 50.000 que están en edad de chatarrización pero siguen prestando servicio a precios de flete muy por debajo de lo que debe ser, pero hay clientes que no tienen en cuenta el modelo del vehículo sino que les resulte lo más económico posible. Además unos 60.000 camiones están irregularmente matriculados y los propietarios pasan a diario por encima de los controles.
La situación es compleja porque mientras se intenta llegar a un acuerdo entre los manifestantes y el gobierno nacional, el país se desabastece, ya en muchos municipios no hay gasolina y en las plazas de mercado se siente la falta de mercancías y alimentos como la papa, la cebolla, el tomate.
En el Caquetá dejan de salir millones de litros de leche diariamente y cientos de miles de cabezas de ganado, en Boyacá no hay gasolina y miles de cargas de papa están represadas, todo está afectado y las pérdidas alcanzan una cifra cercana a los dos billones de pesos.
El acuerdo no se vislumbra porque las diferencias son grandes mientras los empresarios del transporte exigen que los costos de operación aumenten en 20 por ciento, el gobierno ofrece el 8,6 por ciento y se incluye la actualización de precios de peajes y combustibles.
El panorama no es como para estar optimista pero al gobierno le corresponde evitar que las pérdidas incluyan que el valor de la canasta familiar se dispare desproporcionadamente y en el futuro cercano tengamos perder la atención en los desarrollos de la mesa de negociaciones de La Habana para entretenernos buscando comida y productos de primera necesidad.
Por