Se cumplió la etapa del proceso solicitado mediante fallo judicial. Colmado estuvo el Gran Salón del Hotel Sol Caribe con ocasión de la reunión de consulta previa de las obras ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla. El abogado y vocero de los residentes del sector, Everth Hawkins Sjogreen, se refirió a los inconvenientes de carácter social y ancestral que tendría un desplazamiento territorial de los residentes de la zona debido a las obras. La reunión fue atendida por el Director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, y el Gerente del CASYP, Eduardo Corzo Soto, quienes se dirigieron en idioma inglés a los asistentes a la reunión. Pie de foto4 Pancartas y arengas contrarias al desarrollo de las obras fueron expresadas por los asistentes a la reunión quienes afirmaron que el proyecto es un atentado contra la supervivencia del pueblo raizal.
Por: Daniel Newball H.
En cumplimiento de un fallo del Tribunal Superior de San Andrés, que ordenó la consulta previa como mecanismo para poder dar luz verde al proceso de ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, la Comunidad Raizal, y en especial la residente en el sector en cuestión, expresó su voz contraria a la ejecución del proyecto por lo que rechazaron de igual forma la presentación, inclusive, del proyecto a desarrollar tal y como lo ordena el fallo del alto tribunal.
La decisión se tomó luego de un espacio de discusión entre la Comunidad Raizal presente en la reunión y en donde expresaron su voz contraria al proyecto por afectar el desarrollo ambiental de la isla y por ir en contra de la supervivencia de un pueblo ancestral que ha venido habitando la zona por varias generaciones.
“Nosotros tenemos conocimientos acerca de que no es necesario efectuar la ampliación de la pista en 75 metros que ha venido exigiendo la Aeronáutica Civil para poder certificar la pista para recibir vuelos nacionales e internacionales.
“No podemos aceptar que luego de haber perdido 75.000 kilómetros cuadrados de mar por negligencia del Estado ahora tengamos que aceptar que nos desplacen hacia otro lugar en pleno arrebatamiento de nuestro territorio que ya es reducido.
“Nos venden la idea de que el aeropuerto será para nosotros pero tenemos claro que no es así, el Plan de Ordenamiento Territorial establece claro que la Aeronáutica, en caso de ampliar el aeropuerto, es la responsable que hacer la reubicación de las personas que serán retiradas de la zona de influencia de las obras de ampliación para lo cual la entidad ya manifestó no contar con los recursos para hacerlo de modo que se ha tomado la decisión de no aprobar el proyecto, incluso, si no tenemos la presencia de un garante internacional porque todo parece indicar que nos quieren mover de nuestro espacio a como dé lugar”, afirmó el abogado y vocero de los habitantes de Sarie Bay y circunvecinos Everth Julio Hawkins Sjogreen.
Muchas fueron las voces contrarias por parte de la Comunidad Raizal contrarias a las obras de ampliación de la pista, en especial de la veedora raizal Ofelia Livingston de Barker quien afirmó que “existe un problema claro de sobrepoblación de la isla y el espacio de la isla no se presta para la ejecución de este tipo de obras en áreas de interés del pueblo raizal por lo que no es aceptable que se hagan este tipo de obras”.
Por su parte, el Director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, y quien está por salir del cargo próximamente, reiteró sobre la importancia de las obras y la urgente necesidad de que se tomen decisiones basadas en información certera y no en conjeturas de entidades y funcionarios que, presuntamente, no conocen del tema.
“Una de las cosas que debo pedirles es que deben tomar decisiones basados en información certera y no en conjeturas, lo que puedo decirles es que en Colombia nos regimos por normas de aviación de entes multilaterales en materia de seguridad aérea y nos han confirmado que si no hacemos la ampliación requerida de 75 metros en la pista no es posible que certifiquen el aeropuerto.
“Si no lo aprueba, es posible que las repercusiones no se vean en el corto plazo, pero es probable que en varios años más tarde se aprecien y en perjuicio de la comunidad de las islas que no podrá seguir recibiendo los vuelos internacionales que han estado llegando a la isla en los últimos años.
“No tengo ningún interés en perjudicar a los habitantes de las islas, pero lo importante es que las obras que se van a realizar serán de beneficio para la comunidad que es el fin último del Gobierno cuyo único interés es lograr que puedan tener acceso al progreso de la región”, afirmó el funcionario nacional quién se dirigió en idioma inglés a los asistentes.
Pancartas y arengas de los asistentes en contra de las obras de ampliación hicieron parte del denominador común de la asamblea pública que ratificó la postura contraria de la comunidad presente a las obras de ampliación, postura que, de acuerdo al fallo de la acción popular interpuesta por los residentes del área de influencia de los trabajos en cuestión, de no lograr una aceptación de los mismos se deberá realizar una reformulación del plan, e incluso tener que deponer en avance del proyecto y de los trabajos en cuestión.
Finalmente se logró la confección de un documento donde se acordaron cinco puntos, entre los cuales se le solicita al Gobierno Nacional una modificación al contrato de concesión del Aeropuerto eliminando los nombres de expropiación, que se integren organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y un delegado de la Organización Internacional del Trabajo, la participación de expertos en aeródromos escogidos por la Comunidad Raizal con puntos de vista diferentes a los expresados por el Gobierno Nacional, la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y una disculpa al pueblo raizal por haber adelantado el contrato sin la consulta previa debida por parte del Gobierno Nacional.
Sobre la participación de representantes de asentamientos conformados por residentes procedentes del continente colombiano, Hawkins Sjogreen informó que estos están plenamente integrados, representados por el Diputado Orly Rozo Lozano, pese a que desde un principio no fueron incluidos debido a que fueron desconocidos desde un principio por parte del concesionario a la hora de proyectar las obras.
A las reuniones asistieron la Gobernadora del Departamento Aury Guerrero Bowie; el Secretario del Interior Mario Miranda Morales; Tonney Gene Salazar, Defensora del Pueblo regional y Janeth Moreno Martínez, Defensora Delegada para Asuntos Indígenas.
Igualmente, Durcey Stephens, director de Coralina; Sara Petchtalt, Procuradora Ambiental y Agraria; Nubia Orozco Acosta, directora autoridad nacional de licencias ambientales; Liliana Mera Abadía, directora asuntos para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y organizaciones de la comunidad raizal de San Andrés.
Camilo Morales Mosquera y Javier Rodelo Torres, son los delegados de la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior para este proyecto para la agenda que se desarrolló los días 18 y 19 de febrero.
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