Réquiem por el estatuto de control poblacional del Archipiélago

Por Alberto Escobar Alcalá*

Después de leer el borrador de Decreto publicado por el Gobierno Nacional para que los ciudadanos se le hagan las observaciones no vinculante,  me puse a pensar   que título darle a este escrito y fueron varios los posibles nombres,  tales como “La Tormenta Perfecta III” (por lo negocios que se están haciendo en torno a la imperiosa necesidad de reconstruir al Municipio de Providencia y Santa Catalina) o “Defendamos el Decreto 2762 de 1991 II” (porque ya avizorábamos que venía toda una artillería pesada en su contra), pero me decidí por un “Réquiem por el Estatuto de Control Poblacional del Archipiélago”, porque no importa cuantas observaciones le llegue al portal en que se hizo la publicación, el gobierno a través del Ministerio del Interior van a expedir el Decreto de corte dictatorial, que sepulta la columna vertebral de la norma de control para proteger a los habitantes del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en las diversas materias como lo son  la superpoblación, el trabajo, el medio ambiente, que le impone al que pretende internar a trabajadores foráneos unas cargas como el cancelar en la arcas departamentales unos recursos como costos por el permiso para trabajar en las Islas y presentar un póliza de cumplimiento, para que  una vez termine la labor del trabajador el empleador se encuentre  obligado a devolverlo a su sitio de origen.

Con el Decreto que se va a expedir el contratista del  Estado al que le han adjudicado un jugoso contrato por contratación directa o a dedo como se conoce popularmente, para pagar favores de campaña como todos sospechamos, que no les están donando nada a los damnificados por el huracán IOTA, se les exonera de cumplir con las cargas   que se le impone a cualquier empleador que quiera internar en la región insular trabajadores que van a desplazar la mano de obra local, sin hacer ningún trámite para verificar si en el Departamento hay trabajadores que puedan hacer la labor, sino que le montan una superestructura al Director de la Oficina de Control, Circulación y Residencia  (Occre), que no es ni nada más ni nada menos que el Director de la Unidad Nacional  de Riesgo y Desastre (UNGRD), quien le enviara le enviara un listado de trabajadores venido de otra parte en la medida que los contratista vayan informando sus necesidades para que su subalterno, el Director de la OCCRE, los registres y le entregue periódicamente un informe a su Consejo Directivo.

Estas medidas de corte dictatorial, para el Presidente Iván Duque Márquez, con el Archipiélago no es nada extraño, ya ocurrió cuando nombró como Gobernador Encargado de Departamento a un militar en ejercicio, en buena hora demandado por vía tutela, aunque tardío dio sus efectos y fue separado del cargo,  también hay una acción electoral que cursa ante el Consejo de Estado que está próximo a darse el fallo, que desde ya auguramos que se va a declarar la nulidad de ese acto administrativo espurio y arbitrario. Se dirá y ya para que, si el Almirante Herrera Leal ya no está el cargo, pero tiene gran significación, aunque parezca simbólico, y es que en adelante él o su sucesor   no vaya a ser tentado a hacerlo de nuevo.

Esta medida preparatoria, rechazada por la mayoría de los Isleños, abre un boquete peligroso a las medidas de control poblacional, porque de ahora en adelante cualquier obra de carácter nacional, so pretexto de que el alto gobierno quiere cumplir con los habitantes de las Islas, vendrán acompañada de un Decreto presidencial que le permitirá internar al Departamento la cantidad de trabajadores que les venga en gana para desplazar al trabajador local y que se les perdone las cargas pecuniarias que estén obligados a sufragar a las arcas departamentales.

Somos conscientes de que son pocos los colombianos que se tragan ese control constitucional de limitarles su libre tránsito en el Archipiélago y que no veían el momento de hacer trizas el Estatuto de Control, pero jamás nos imaginábamos que se le iba a dar un entierro de tercera, esperábamos al menos que fuera a través de una Ley en el Congreso cumpliendo con todas las exigencias del artículo 310 de la Constitución de 1991, que obliga a que fuera modificado por la mayoría de cada Cámara.

Entonces solo nos resta rezar para que el gobierno nacional, desista del sacrilegio de asestarle un golpe mortal al Decreto 2762 de 1991.

POST DATA: Que bien sería que la gobernación adquiriera el lote de terreno donde quedaba el edificio del español para construir un parque, que le sirviera de pulmón a los habitantes del barrio Modelo.

*Abogado, exjuez de la República, exdiputado de la Asamblea y exsecretario de Gobierno