Autoridad Colectiva Raizal asegura que Gobierno Nacional trata de intervenir en documento final. Esta semana, y con la presencia de los delegados del Municipio de Providencia, se cumplió la última etapa de concertación del Estatuto Raizal para San Andrés. Uno de los principales malestares se concentró en esta oportunidad con relación a una posible injerencia del Gobierno Nacional en el proceso de elaboración del documento. La enorme discusión se concentra entre la aprobación del Estatuto por decreto presidencial o por aprobación del Congreso de la Republica lo cual, según la Autoridad Raizal, podría llevar a modificaciones radicales perjudiciales para la comunidad ancestral. Una de las discusiones más importantes que se han registrado en el proceso de elaboración del estatuto son los derechos sobre la tierra enfocada hacia quienes fueron los habitantes originales del archipiélago.
Por: Daniel Newball H.
Una vez más el malestar hizo parte de esta última convocatoria que viene realizando la Autoridad Colectiva Raizal para elaborar los últimos detalles del documento que espera ser presentado ante el Gobierno Nacional sobre el anhelado Estatuto Raizal, la cual espera ser aprobado por decreto presidencial en el 2016.
El malestar estaría enfocado hacia una posible injerencia en la elaboración del Documento final por parte del Gobierno Nacional desde Bogotá, obviando las discusiones y los documentos elaborados mediante concertación por parte de las comisiones raizales tanto de San Andrés como de Providencia y los cuales han sido desarrolladas en el sitio de Harbuor View.
“Estamos muy molestos y preocupados porque estamos viendo como el Gobierno Nacional quiere injerir de manera irregular en los procesos de formulación del proyecto que aspiramos presentar ante el Gobierno Nacional.
“No podemos permitir que una vez más se nos quiera desconocer en este proceso ya que en el Estatuto debemos plasmar los pensamientos y visiones que son propias de la comunidad Raizal del Archipiélago sin imposiciones desde el Gobierno Nacional.
“Esperamos que no termine mal esta situación de lo contrario todo el trabajo que se ha elaborado hasta la fecha habría sido en vano”, indicó Endis Livingston Bernard, vocero de las mesas de concertación y miembro del Consejo Nacional de Planeación por las Islas de San Andrés y Providencia.
Una vez más se revisaron temas como el origen de la comunidad raizal, los pobladores originales de la región insular, los derechos de suelo de los habitantes ancestrales del Departamento, las delimitaciones de la zona de territorio étnico en el archipiélago y los sistemas de designación de las autoridades raizales, entre otros aspectos fundamentales para sacar adelante el proceso de fortalecimiento del Estatuto Raizal.
La preocupación sigue vigente sobre el proceso de aprobación del Estatuto ya que está por definirse si se hará por decreto presidencial o por revisión y votación del Congreso de la Republica, la cual, según los integrantes de la Autoridad Raizal, sería bastante complicado ya que podría sufrir modificaciones radicales por parte de la clase política nacional integrantes de esta corporación legislativa.
Es de recordar que con el fin de proteger los derechos especiales, económicos y culturales de la comunidad raizal de San Andrés, el Gobierno Nacional dio vía libre, a través del Plan Nacional de Desarrollo, al estudio del Estatuto Raizal, que ha sido una de las peticiones más claras de esta comunidad durante varias décadas.
Carmen Vásquez, Viceministra de Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, explicó que debido a que el estatuto quedó en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, lo que sigue es su aplicación.
“La única manera de aplicar ese artículo es concertar con la comunidad raizal. Estamos esperando que oficialmente lo entreguen al Gobierno y nos resalten cuáles son los principales objetivos del mismo, que nos hablen de cómo se construyó, de cuáles son los retos que tiene el estatuto, queremos tener un diálogo comunidad-gobierno”, explicó la Viceministra.
Indicó la funcionaria que este estatuto deberá contener elementos que tiendan a proteger la comunidad raizal en temas de educación, de conservación de su cultura, de historia, de sus ancestros.
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