Análisis a 365 días del fallo de la Corte Internacional de Justicia. El cierre de algunas pesquerías como la langosta y el caracol, la perdida de varios millones de dólares anuales en exportación de estos productos, la clausura de las dos plantas procesadoras de productos pesqueros más importantes del archipiélago, cientos de desempleados, numerosos pescadores varados, roces diplomáticos, mayor presencia de la Armada Nacional en la zona limítrofe, ríos de tinta y saliva en la prensa nacional, debates en el Congreso, pugnacidad política entre los últimos cuatro presidentes de la República, 75 mil kilómetros cuadrados menos de mar territorial, la amenaza de independencia de los pobladores raizales del archipiélago, más reclamos de soberanía de Nicaragua, estrategias políticas para evadir su aplicación, mucha indignación nacional, ningún responsable por la debacle diplomática, es el balance del primer año de la promulgación del fallo de la Corte Internacional de Justicia emitido el pasado lunes 19 de noviembre de 2012 en La Haya, Holanda.
La mayor indignación fue la que expresaron hace ya casi un año los habitantes de las islas que por primera vez en muchas décadas, se unieron en un solo clamor de rechazo a la sentencia de la CIJ. Raizales, ‘pañas’, árabes, turistas nacionales y extranjeros que atiborraron las calles de San Andrés en una multitudinaria marcha, fueron los primeros en expresar la rabia contenida y la impotencia de ver como una docena de jueces que no conocen la realidad caribeña de estas islas, les arrebataba lo que siempre ha sido suyos desde épocas inmemoriales que se remontan a la Corona Española en 1802.
En este largo año San Andrés y Providencia se han convertido en una especie de pasarela diplomática y oficial, por la que han desfilado desde el presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón en repetidas ocasiones, los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Ernesto Samper Pizano, la canciller María Ángela Holguín, la totalidad de los ministros del Gabinete, hasta los presidentes y altos dignatarios de las otras ramas del poder público como magistrados de altas cortes, jueces, senadores, parlamentarios, embajadores y directores de departamentos administrativos descentralizados para ofrecer ayudas al archipiélago y sus gentes para paliar los efectos económicos y sociales devastadores de la adversa decisión judicial.
Toda suerte de promesas económicas y de inversiones que van desde unos temporales subsidios a los pescadores de un millón 800 mil pesos por seis meses que terminó de acabar con la industria pesquera, y que nunca llegó oportunamente, hasta proyectos de inversión para agua potable, alcantarillado y otras obras necesarias en cualquier circunstancia cotidiana que no amerita la perdida de tanto territorio para que el Estado las ejecute. También se otorgaron becas condonables a 700 estudiantes de las islas para que culminen una carrera completa, sin necesidad de pagar la subvención otorgada.
En el plano político se expidieron nuevas leyes especiales, decretos reconociendo la debacle causada por el fallo de la CIJ, viajes de comitivas de isleños a Naciones Unidas, a FAO y a CIDH para exponer las violaciones que el fallo causó a las islas. Anuncios oficiales sobre la inaplicabilidad del mencionado fallo, el trazado por decreto de nuevos linderos del archipiélago manteniendo la zona económica exclusiva y el mar territorial que pareció despojarle el fallo de los jueces de la CIJ, y foros con la participación abierta para todos los ciudadanos, sectores, gremios, líderes comunales y nativos raizales en recintos públicos de San Andrés o en universidad del interior en Bogotá y Medellín, han sido las acciones que se han venido adelantando en estos 365 días.
En este sentido la Academia Colombiana de Jurisprudencia y su Comisión de la Mesa, realizó un Foro en San Andrés, sobre el tema “Comentarios sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua contra Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia”, donde participaron destacados juristas como Marco Gerardo Monroy Cabra, sobre la situación jurídica de San Andrés y Providencia a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia y Enrique Gaviria Liévano, sobre la “importancia de San Andrés como Archipiélago de Estado.
Lo que hasta ahora no parecen haber entendido funcionarios públicos, periodistas, expertos y eruditos en los temas diplomáticos es que hay un solo elemento que no han podido reponer ni comprender, y es el sentimiento de duelo, de desprendimiento, de dolor, de tristeza, de desconsuelo por una buena parte de estos territorios y de sus gentes, cuyos ancestros le legaron a la nación colombiana pero que esta no la supo administrar y que la ha ido perdiendo poco a poco; primero en 1930 cuando cedió las costas Mosquitas y ahora en 2012 cuando se perdió buena parte de ese mar que le corresponde a estas comarcas insulares y ultramarinas, que albergan además de una biodiversidad con cerca del 70 por ciento de las riquezas ecológicas del gran Caribe, posibles riquezas de hidrocarburos y centenares de muertos que han dejado sus vidas en el fondo de ese gran océano en una faena de pesca, en una arriesgada travesía.
Dolor que no han podido entender porque para este país centralista, su Gobierno, su dirigencia y su prensa que operan a miles de kilómetros cuadrados de la periferia, ese pedazo de mar no significa lo que para los isleños significa. De hecho hay quienes justifican la perdida en su ignorancia, alegando que se mar está en Centro America y Colombia en Sur America.
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