La sociedad sanandresana toda, sus dirigentes políticos, gremiales y autoridades gubernamentales, tienen que exigirle de una vez por todas y sin más dilaciones al Gobierno que asuma con seriedad la problemática de la salud en el Departamento y que cumpla sus obligaciones de garantizar la atención básica hospitalaria en óptimas y oportunas condiciones de dignidad y eficacia para los pacientes.
No puede la región seguir soportando que cada cuanto colapsa el sistema por culpa del Estado colombiano, cuyas entidades (desde el Ministerio del ramo hasta sus EPS) son las directas culpables de la interrupción de los servicios para los habitantes del archipiélago y el incumplimiento laboral de los trabajadores del sector.
Solo basta mirar que en la actual coyuntura, son entidades del Estado como la Nueva EPS, Caprecom, etc. las grandes acreedoras que hoy día tiene la IPS Universitaria de Antioquia, que le impiden cumplir sus obligaciones de pago a tiempo de los salarios y el suministro de insumos y demás gastos operativos que requiere el centro de salud para funcionar adecuadamente.
Después de la enorme deuda social, ética y moral del Estado colombiano para con los habitantes de las islas tras el fracaso diplomático en La Haya con la perdida de mar territorial del archipiélago, lo que se esperaba del Gobierno Nacional era un verdadero cambio de actitud, mayor responsabilidad y un trato más digno y decoroso con la región, pero por lo visto, asistimos nuevamente a las promesas incumplidas de siempre, y a la lamentable evidencia que todas las acciones de gobierno posteriores a aquel episodio, no fueron si no flor de un día, mientras se aplacaba el malestar en la población. Tanto así que la reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la Reforma Tributaria para las islas, muestra la falta de seriedad de este Gobierno a tramitar verdaderas y eficaces medidas legislativas para las islas, apelando a la improvisación y los pañitos de agua tibia.
El Estado hace bastante rato se comprometió a desarrollar en las islas un modelo de salud diferencial que le permitiera a los operadores del hospital gozar de unas herramientas legales que hicieran sostenible la operación del único centro de salud de nivel de complejidad para la atención de todas las patologías de la región, y que garantizara la rotación de la cartera de estos acreedores en pocos días, pero ello no ha pasado porque volvemos al pasado donde Caprecom y Nueva EPS, de nuevo ponen en aprietos la operación hospitalaria, haciendo que se aburra una institución prestadora de salud que como la IPS Universitaria, nos arrojó un salvavidas en el momento más crítico del hospital, hace tres años.
Todo indica que el desfile de funcionarios gubernamentales, desde el Presidente Santos, sus ministros, directores administrativos, hacia abajo, en esta especie de pasarela de la soberanía en que convirtieron a San Andrés en los días siguientes al fallo de La Haya, fueron simplemente producto de la espuma de los acontecimientos que con el pasar del tiempo se fue diluyendo hasta quedar de nuevo condenada la sociedad isleña al olvido eterno y las promesas incumplidas de los Gobiernos de turno.
Es por ello que si la sociedad isleña toda, no se levanta en una sola voz y le exige al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, y pide que se defina un esquema o régimen que garantice larga vida a la operación hospitalaria de las islas, nos veremos avocados a una situación calamitosa con la prestación de los servicios de salud pública que son una obligación constitucional del Estado prestar a la sociedad, porque ya hay muy pocos actores del “negocio” de la salud que querrán llegar al Archipiélago a administrar los servicios hospitalarios que requieren propios y extraños para garantizar la conservación del más preciado derecho como es la vida.
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