En hora buena se ha sabido que por virtud de las investigaciones emprendida por la Contraloría General de la Republica en cabeza de la propia titular de esa dependencia, Sandra Morelly Rico, se está tratando de establecer las responsabilidades tanto públicas como particulares en una de las tantas tragedias ambientales que se suelen suceder en todas las regiones colombianas y que para nuestro caso compromete a autoridades en el ejercicio de las funciones públicas.
Se trata del caso de la embarcación Míster Goby que desde el momento mismo de su encallamiento hace más de tres años, viene causando daños en la barrera arrecifal de acceso a la Bahía de San Andrés, por lo que no solo el ente de control, si no también la Fiscalía le están metiendo el diente al asunto y van a determinar las responsabilidades que corresponden a cada quien.
En tal sentido, y tal como lo reveló una investigación periodística del semanario The Archipiélago Press, uno de los principales responsables en esta tragedia ambiental y en la pérdida de un activo a cargo de la Nación son los representantes legales de la sociedad depositaria, en este caso una compañía marítima donde figura como principal accionista el actual alcalde del municipio de Providencia Arturo Robinson Dawkins; Marítima Morgan EU con Nit: 900192900-1 matriculada en la Cámara de Comercio el 9 de enero del año 2008 y renovó registro mercantil el 28 de septiembre del 2010.
Lo insolito de todo es que hasta ahora las responsabilidades solo han corrido por cuenta del Estado pero no de los particulares que están involucrados en este asunto. Como se recuerda el Consejo de Estado, a través de su sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con ponencia del Magistrado Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, en sentencia del 23 de febrero de 2012, dentro de la Radicación número: 88001-23-31-000-2010-00028-01, de Acción Popular presentada por el ciudadano Radley Erington Bent Bent, contra el Ministerio de Defensa Nacional -Armada Nacional-Dirección General Marítima –Dimar y otros, ordenó la remoción de una serie de motonaves abandonadas que están contaminando la bahía y la zona acceso del canal navegable, entre ellas el buque Mr. Goby.
Por su parte la Dirección General Marítima mediante el fallo de 29 de junio de 2010, resolvió declarar como responsable del siniestro marítimo de encallamiento de la motonave «Mr Goby» de bandera Colombiana, a Lioby Ricardo Bent Robinson, en solidaridad con los armadores y a Arturo Arnulfo Robinson Dawkins depositario provisional de la embarcación, nombrado mediante Resolución por la DNE, y al señor Ulis Ernesto Howard en calidad de propietario, pero quien se encuentra detenido en Estados Unidos desde hace varios años. Además de ordenar el retiro de la motonave «Mr. Goby», operación que estará a cargo de los armadores de la nave previas las coordinaciones con la Autoridad Marítima y las entidades ambientales. Esta decisión posteriormente fue ratificada.
Igualmente la corporación ambiental Coralina solicitó a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entidad en liquidación, que tome acciones ante el inminente riesgo por derrame de hidrocarburos de la motonave Mr Goby encallada en la isla de San Andrés desde el 31 de enero de 2009.
La pregunta es si, el señor Arturo Arnulfo Robinson Dawkins, quien para la fecha de los hechos era armador de la nave, pero hoy es autoridad máxima del municipio de Providencia, y con un asiento dentro de la Junta Directiva de Coralina, con derecho a voz y voto, tiene responsabilidad por un lado con la comunidad del archipiélago y por el otro con el siniestro ocurrido, porque no da ejemplo de cumplimiento de la Ley, respondiendo por los daños causados con la ocurrencia del siniestro?. Porque Coralina y la DIMAR no lo obligan a cumplir con sus responsabilidades. Acaso no es el primero llamado a dar ejemplo? Acaso por la autoridad que representa, tiene patente de corso para evadir sus responsabilidades frente a un tema tan delicado que la Contraloría General de la República lo ha calificado como tal.?
Es ahora en su condición de servidor público donde el aludido personaje está llamado más que nunca antes, a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades y es ahora cuando puede ser ejecutable fiscal, penal o disciplinariamente; no después cuando ya termine su mandato, que le resulta más fácil evadir tales responsabilidades.
Las autoridades deben dar muestras de sindéresis y rectitud y no demostrar que entre ellas se amangualan, como los bomberos “no se pisan las mangueras”, se tapan con la misma cobija y se cubren sus faltas. Y cual es el compromiso que de cara a este problema va a dar el principal inculpado a la comunidad de las islas?. Por lo menos una respuesta si que nos debe.
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