Ex ministra TICs dice que Gobierno frenó última milla que llegaba a hogares. Para nadie en San Andrés, -ni turistas ni residentes-, es un secreto que el servicio de internet es pésimo, que su velocidad es altamente deficiente, que ninguno de los puntos Wi-Fi instalados (en el gobierno de Aury Guerrero Bowie) como parte de los avances en tecnologías de la informática y las comunicaciones en San Andrés sirve para lo que se instalaron: permitir a turistas subir fotos e información de la isla para promocionar el destino en el que se encuentran o mantenerse conectados a la red mundial sin perder las posibilidades de negocios mientras descansan y disfrutan el destino.
Desde el Gobierno Uribe, la ministra María del Rosario Guerra de la Espriella por expresas instrucciones del propio jefe de Estado, en atención a la petición ciudadana en marco de uno de los Consejos Comunitarios de Gobierno se comprometió con los isleños a que se ejecutara una multimillonaria inversión que permitiera la instalación submarina de un cable de fibra óptica que mejorara la velocidad, cobertura y capacidad de la transmisión de voz y datos de internet, entre el puerto de Tolú y la isla de San Andrés. La obra inicialmente se calculó en 28 mil millones de pesos, pero la misma luego se incrementó hasta 54 mil millones de pesos por que se extendió una prolongación del cable hacia Panamá, por el uso de sus aguas territoriales.
Falta la última milla para llegar a hogares
Y justamente la ex ministra Guerra en un debate al Plan San Andrés puesto en marcha por el Gobierno de Santos en respuesta al falo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, realizado por el senador del Centro Democrático Fernando Araujo el pasado 1 de junio en la Comisión Tercera del Senado, denunció que el proyecto que promovió como ministra de Tics “con el fin de proveer los servicios turísticos y comerciales del internet para potenciar sus principales actividades económicas y servicios asociados, que permitiera además con el acceso del internet de la más alta calidad, desarrollar una nueva industria del procesamiento de información (VTO) que la frenaron en este Gobierno porque no llevaron la última milla a los hogares, a las empresas, a las instituciones de educación, de salud; es que el cable era la apuesta de infraestructura pero de ahí en adelante le correspondía al gobierno asegurar que hubiese un operador que pudiese llevar el servicio de última milla a los hogares, las empresas, las instituciones de San Andrés y eso lamentablemente no se logró y queda San Andrés con un servicio precario teniendo el mejor cable de la región, tan es así que ya están vendiendo la capacidad del servicio a Centroamérica y las islas del Caribe, dejando el servicio precario a los sanandresanos y más costoso. Es que debió tenerse un proceso licitatorio para que una de las empresas de telecomunicaciones ETB, EPM, UNE, etc. fuera contratada y pudiese poner el servicio de última milla y teniendo en cuenta que San Andrés es una isla con cerca de 20 mil hogares se ha debido prever las condiciones para que se pudiera llevar el servicio a esos colombianos del archipiélago”, precisó Guerra de la Esperilla al advertir que esta situación del cable submarino pone en riesgo el desarrollo tecnológico y la potenciación de sus principales actividades económicas del archipiélago.
A juicio del exgobernador Álvaro Archbold Núñez, a través de su revelador blog Quitasueño, “ con una cuantiosa inversión en dólares de los Estados Unidos, en un 90% financiada con recursos del Estado, las islas tienen uno de los servicios de internet más costosos, deficientes e inoperantes del país, cercenándole a la mayor parte de los miembros de la comunidad el derecho fundamental al acceso de la información, teniendo en cuenta que el acceso a Internet es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como la posibilidad que se le brinda a los individuos de ejercer sus derechos sociales y políticos más elementales.
El exmandatario cuestiona ¿por qué un negocio tan prometedor se robó las esperanzas de los isleños de tener un servicio de navegación por Internet acorde con las nuevas exigencias del planeta en que vivimos?. El exmandatario afirma que consultando documentos y entrevistas encontró una aproximación al problema que se presenta con el deficiente y costoso servicio de internet en San Andrés. Recuerda que en Junio de 2009, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (Mintic), adjudicó a la firma Energía Integral Andina S.A., un contrato de fomento para el diseño, instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento de un cable submarino de fibra óptica, entre la ciudad de Tolú y la Isla de San Andrés, por un valor equivalente a 26.18 millones de dólares, mientras que el particular aportó un poco más de 3 millones para el tendido de 830 kilómetros de cable de fibra óptica y su posterior anclaje en la cámara de amarre de la estación de San Andrés, con una capacidad inicial de 10 gigabytes por segundo, que podría crecer hasta los 480 lo que le permitiría al Archipiélago dar un gran salto en su desarrollo social y productivo.
“El contrato establecía que una vez tendido, instalado y puesto en funcionamiento el cable de fibra óptica, Energía Integral Andina cobraría por el término de 15 años, duración estimada de vida del cable submarino, unos servicios de arrendamiento de instalaciones físicas tanto en Tolú como en San Andrés, Isla, más unos valores por concepto de “transporte” de las señales digitales a través de dicho cable.
Eso era lo que debía pagar el proveedor de Internet en San Andrés para efectos de la cancelación por el servicio anteriormente mencionado, que necesariamente debería ser una empresa diferente a Energía Integral Andina. Finalizado el proceso de tendido del cable submarino, diversas empresas del sector de comunicaciones de San Andrés como TVIslas Ltda, Sol Cablevisión, Telefónica Telecom (Movistar), Colombia Telecomunicaciones Tigo y Comcel, mostraron interés en el uso del cable para la conexión de sus servicios de internet, telefonía, transmisiones digitales, etc., pero solo dos de estas empresas, Sol Cable Visión y Movistar, terminaron haciendo uso de la oferta de Energía Integral Andina. Lo anterior se explica en el hecho que las otras empresas consideraron exagerado el costo de los derechos de uso y transporte que el Operador había establecido en la suma de 80 mil dólares mensuales (160 millones de pesos mensuales) por la utilización de un STM1 o Módulo de Transporte Síncrono Nivel 1 que es el estándar de transmisión de la red de fibra óptica, equivalente a 155,52 Megabit por segundo.
Para poder cumplir con el punto de equilibrio, sin pérdidas ni ganancias, los operadores potenciales, nuevamente Tigo, Comcel, etc, habrían tenido que contar con un mínimo de 1600 clientes mensuales pagando una tarifa mínima de 100 mil pesos cada cliente por cada Megabit contratado, los cuales deberían ser cancelados directamente por los prestadores del servicio a Energía Integral Andina, adicionando el valor que ellos debían pagar a su proveedor mayorista de Internet, más los gastos administrativos y la inversión en infraestructura que demandaba su amplia necesidad de clientes, labor no solo titánica sino imposible para el mercado de la isla de San Andrés.
Sin embargo, curiosamente otra empresa de la isla si contrató los servicios de transporte de Energía Integral Andina, sin tener por lo menos durante sus primeros tres años de servicio el mínimo de 1.600 clientes requeridos para poder sobrevivir,
y la infraestructura necesaria para poder prestarles el servicio. Esa empresa es Sol Cable Visión S.A. que pretendía lograr no solo la adjudicación del contrato de tendido y operación del cable submarino de fibra óptica, sino además mantener su empresa como proveedora de acceso a internet en la isla de San Andrés, negocio llamativo y lucrativo pero imposible a la luz de la legislación colombiana, por lo que se presume que finalmente fue hecha la operación con un tercero que resultó ser Energía Integral Andina, para que esta última participara como operadora del cable de fibra óptica, y Sol Cable Visión hiciera su parte como proveedora de acceso de internet a los usuarios de la isla.
Así las cosas Energía Integral Andina operaría el cable submarino, y Sol Cable Visión se convertiría en el proveedor de acceso de Internet a los usuarios del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Por eso nadie sabe cuánto le cobra Energía Integral Andina a Sol Cable Visión por concepto de transporte de su señal de internet desde Tolú a través del cable de fibra óptica; lo que sí resulta evidente para cualquier experto en la materia, y así le fue explicado a Quitasueño, es que los 80 mil dólares mensuales que Energía Integral Andina le cobraba a TV Isla, no lo era en realidad, porque de haber sido ese su valor real, muy probablemente Sol Cable Visión hubiera tenido pérdidas económicas irreparables el primer año cuando su base de clientes no llegaba a 400 usuarios, lo cual no alcanzaba a cubrir ni el 25% de la tarifa que supuestamente le cobraba el operador del cable, o sea, Energía Integral Andina, habiéndole podido arrojar pérdidas a Sol Cable Visión de casi 1.500 millones de pesos ese año.
En un debate promovido por la Asamblea Departamental en el año 2012, los representantes de Energía Integral Andina defendieron el modelo del negocio, siendo enfáticos en manifestar que no revelarían el valor que como operador del cable le cobraba a Sol Cable Visión en razón de la existencia de una cláusula de confidencialidad o de secreto, que les impedía revelar el costo del transporte que habían acordado con el proveedor.
Por su parte, Movistar, que además del tema de internet tenía necesidad vital de los servicios del cable submarino, contrató bajo la regla de los 80 mil dólares mensuales por STM1 el transporte de su contenido digital de telefonía fija, celular e internet, desmontando el costoso sistema satelital con el que venía operando en San Andrés.
Sin embargo, luego de haber efectuado el análisis de costos, Movistar llegó a la conclusión que lo ofrecido por Energía Integral Andina no le era económicamente favorable por lo que tuvieron que ajustar sus servicios, razón por la cual para sus usuarios de internet solo ofrecían hasta 2 Mb/s a valores superiores a los 200 mil pesos mientras que en el interior, con una tecnología inferior ofrecen 40 Mb/s en $170 mil pesos y adicionan otras arandelas como telefonía fija ilimitada y televisión satelital básica.
Lo que si hay que precisar es que en la actualidad Movistar no comercializa Internet para nuevos usuarios y si hoy usted respetado lector de Quitasueño, quisiera hacer su suscripción y lo admitieran, tendría que pagar la suma descomunal y exorbitante de 190.000 pesos por tan solo una mega, que además funciona como se ha podido corroborar, de manera lenta e intermitente por la baja capacidad de megas debido al reusó de la velocidad de navegación, y al número exagerado de personas que deben compartir la misma mega.
Y es que el negocio de Energía Integral Andina no es recuperar solo los poco más de 3 millones de dólares que invirtió en el contrato, sino que además por estar operando bajo el esquema de un contrato de fomento y no de concesión, puede hacerse a los 26 millones de dólares (75.600 millones colombianos) en los 15 años que tiene para operar el cable, lo cual quiere decir que debe facturar 2 millones de dólares anuales, 166 mil dólares mensuales, que es precisamente lo que le debe pagar Movistar por los dos STM1 que tiene contratados.
Tigo y Comcel (Hoy Claro), intentaron a través de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones que las tarifas de Energía Integral Andina se ajustaran a las tasas regulares que por el mismo o similar servicio se cobran en el país y, mientras se decidía esa materia, subcontrataron a su vez el servicio de uso del cable submarino con Movistar, quien les ofrecía una porción de su capacidad a un valor proporcional al que paga a su vez al operador del cable submarino, en este caso a Energía Integral Andina y es precisamente esa una de las razones del mediocre ancho de banda que estos tres operadores celulares ofrecen a sus clientes de telefonía celular en San Andrés. Por su parte TV Isla también subcontrató con Movistar una capacidad mínima e insuficiente que es la que le ofrece a sus clientes.
Para el exgobernador Alvaro Archbold, el resultado de este servicio es que junto a Energía Integral Andina y Sol Cable Visión, el Estado en algo se ha beneficiado del negocio porque ha podido conectar por 15 años a las entidades públicas presentes en el archipiélago ya que se beneficia del equivalente de 1STM1 por donde también maneja a las personas subsidiadas de los estratos 1 y 2 a través de Sol Cable Vision, que no ha tenido mayor impacto si se compara el número de usuarios, por ejemplo, con el número de viviendas de las islas.
“En términos de economía, con un sistema deficiente como el que se presta, San Andrés jamás podrá beneficiarse de una economía de servicios, porque solo para tomar un solo caso como ejemplo, operar un Call Center requiere un sistema ágil y eficiente de Internet y Energía Integral Andina y el gobierno nacional no lo permiten. Además de lo anterior hemos perdido una gran oportunidad de tener un incremento verdadero en la capacidad de datos, imágenes, videos, como también en el respaldo que tiene una tecnología digital de interconexión submarina como apoyo en casos de desastres naturales en eventuales pasos de huracanes y tormentas tropicales.”
El exmandatario es enfático en asegurar que el verdadero negocio para los socios de Energía Integral Andina no era de ninguna manera nuestro archipiélago, sino el gran beneficio que le hubiera podido generar el convertirse en un eventual proveedor de tráfico de internet a países de Centroamérica como Panamá con quien Colombia había obtenido unos permisos especiales que no le fueron extensivos a la empresa, país en donde una gran cantidad de usuarios desean migrar hacia otros cables submarinos de fibra óptica porque consideran que los suyos pronto entrarán en obsolescencia por haber agotado el término de 15 años de vida útil. (http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/cables-submarinos-conectados-a-colombia/16373321)
Para el exmandatario el negocio jurídico con Energía Integral Andina no le ha beneficiado en nada al archipiélago y más bien “hoy se encuentra ante la amenaza de un descalabro de la operación de internet por cuenta del inicio y aviso el 2 de abril de 2014, del proceso de reorganización de Energía Integral Andina, y el nombramiento del promotor, inscribiendo de igual manera un acuerdo de reorganización, que no es otra cosa que un régimen judicial de insolvencia cuyo objeto es
la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa a través del proceso de reorganización y/o liquidación judicial como lo ordena la ley 1116 de 2006.
“Lo anterior nos está demostrando que Energía Integral Andina es actualmente una empresa que se debe estar moviendo con muy serias dificultades en la operación del cable submarino de San Andrés, con grandes presiones a su interior a través de la designación de un Promotor por la Superintendencia de Sociedades, quien tendrá dentro de sus funciones y responsabilidades hacer que de verdad le cobre las tarifas establecidas por la ley a su cliente.
El exgobernador Archbold Núñez asegura que hasta ahora solo se conoce una actuación del Estado contra Energía Integral Andina S.A.S. y fue aquella adelantada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones en el 2013 en relación a las condiciones técnico-económicas en que se venían negociando los servicios de acceso a Internet por dicha empresa, quienes a su vez interpusieron un recurso de reposición ante la Comisión, expidiendo la Resolución CRC 4105 de 2013, imponiéndole 2 medidas regulatorias consistentes en una actividad de monitoreo con el fin de efectuar una nueva revisión de la estructura de condiciones previstas en la oferta de E. I.A. S.A. para verificar las condiciones de mercado y unos ajustes de cubicación en función de la duración de los contratos.
“Le asiste el deber, la obligación y la tarea impostergable a los diferentes organismos de control en las más altas instancias nacionales, de asumir a la mayor brevedad las investigaciones pertinentes por cuanto se encuentran invertidos cuantiosos recursos públicos que no se sabe cómo ha sido su manejo, en dónde fueron aplicados, ni que es lo que verdaderamente le cobra Energía Integral Andina S.A. a sus clientes, con un gobernador eventualmente inmerso en un conflicto de intereses , quien en este nuevo caso tendría la obligación de hacerse a un lado.”
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