La comunidad del archipiélago, sus fuerzas vivas, sus gobernantes y su dirigencia política, toda, debería exigirle al Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón que releve a la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, del manejo del diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua por las áreas marinas del archipiélago de San Andrés y Providencia
La señora Canciller ha demostrado hasta la saciedad un manejo errático de ese diferendo y sus salidas salomónicas cada que abre la boca para entregar declaraciones sobre el tema, lo único que hacen es generar mayor confusión y desconfianza de la estrategia de su despacho para defender la integralidad del territorio.
Nicaragua ha demostrado ser un vecino demasiado hostil, un mal vecino, un busca pleitos que a punta de peleas jurídicas se ha estado saliendo con la suya frente a sus vecinos y Colombia no es la excepción si no su más grande victima en esta estrategia.
Mientras Nicaragua ataca a Colombia y en particular al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, valiéndose de todas las argucias e interpretaciones jurídicas, la Canciller colombiana parece más bien el abogado del Gobierno nicaragüense y no la representante de las relaciones exteriores de Colombia.
Leer en la prensa nacional esta semana las declaraciones de la señora María Ángela Holguín relevando a Nicaragua con su proyecto de canal interoceánico y a la propia Corte Internacional de Justicia, de toda suspicacia por un fallo que ella misma y su superior jerárquico han tachado públicamente de exabrupto jurídico, un despojo ilegal, etc, resulta más que insólito, de verdad preocupante.
Que el Gobierno deseche las teorías que dejan entrever o que por lo menos insinúan una indelicadeza del Gobierno de Managua y de algunos magistrados de la CIJ, que levantan suspicacias o sospechas de una probable encerrona contra Colombia, sin siquiera otorgarle el beneficio de la duda, resulta de verdad una lamentable justificación del país victima hacia sus victimarios. Es que a Colombia la demandó Nicaragua y la despojó la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial que no son propiedad ni del señor Juan Manuel Santos Calderón, ni de su Gobierno, ni mucho menos de su Canciller. Ese mar es de los sanandresanos y de los providéncianos.
Además que a la Canciller solo le preocupen las relaciones cordiales con un vecino hostil y no la defensa del territorio es mucho peor decepcionante: “Tenemos una relación muy cordial. No es una relación ni estrecha, hace muchos años que no lo es. Nosotros no tenemos una agenda, ni nos reunimos periódicamente. Pero, digamos que cuando nos encontramos en los foros multilaterales es una relación cordial”, es la principal preocupación de la Ministra de Relaciones Exteriores, mientras que su vecino no tan cordial, ya reclamó doscientas millas adicionales de plataforma continental con lo cual pretende pasar derecho por el mar de San Andrés y llegar a Cartagena.
Esas buenas maneras muy santafereñas que encarna la señora Holguín y el expresidente Samper que ya vino a decirnos aquí que lo mejor era acatar el fallo para evitar la guerra con Nicaragua, son propias de este Gobierno de uno de los mejores exponentes de la rancia aristocracia bogotana como es Juan Manuel Santos, quienes prefieren quedar bien con Dios y con el Diablo, así el país se desintegre desde la periferia; lo importante es Bogotá y la Sabana.
No pretendemos una posición guerrerista, pero en aras de evitar que nuestros territorios ultramarinos sean despojados por un fallo espurio, nos acercamos más a la posición del expresidente Uribe y de su precandidato Francisco Santos Calderón, que si toca llevar corbetas permanentes al Meridiano 82 para defender nuestro territorio, hay que hacerlo. Entonces para que tenemos una Armada Nacional o una Fuerza Aérea si no es para defender el territorio?. Acaso de lujo?. No queremos diplomacia meliflua que nos desbarate el territorio.
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