Una confesión entregada a la Fiscalía por Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, señaló que parte del dinero presuntamente desviado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también habría sido utilizado para presionar la aprobación de la reforma pensional del Gobierno Petro.
Según reveló Semana, Ortiz aseguró que los $3.000 millones entregados al entonces presidente del Senado, Iván Name, no solo buscaban favorecer la elección de Vladimir Fernández en la Corte Constitucional, sino también el trámite de las reformas, entre ellas la pensional.
De acuerdo con la declaración, el primer compromiso asumido por Name fue cumplido rápidamente tras un encuentro en su oficina el 13 de octubre de 2023, en el que participaron Ortiz, Carlos Ramón González (entonces director del Dapre) y Fernández.
Cuatro días después, el Senado eligió a Fernández como magistrado. La entrega del dinero se habría realizado en dos partes los días 12 y 13 de octubre, en el apartamento de Name, y fue coordinada con su hijo, apodado ‘Yuyis’, según los chats obtenidos por la revista.
El apoyo a la reforma pensional, en cambio, se habría demorado.
Fuentes cercanas al proceso relataron a Semana que Name expresó inconformidad ante el Gobierno por la supuesta filtración del soborno, lo que habría retrasado intencionalmente el avance del proyecto. Recién a finales de febrero de 2024, luego de un nuevo acuerdo con el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, Name agendó el debate legislativo del proyecto de ley 293 de 2023.
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