Fuentes locales aseguran que Nicolás Petro, hijo del presidente, habría tenido un rol en las gestiones con contratistas cercanos a su círculo personal.
El desvío de recursos en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGR) continúa destapando una de las redes de corrupción más grandes de Colombia. Lo que empezó con la denuncia de la compra irregular de 40 carrotanques en La Guajira terminó revelando cómo el dinero destinado para atender a comunidades vulnerables fue utilizado para financiar campañas políticas, mover proyectos en el Congreso y enriquecer a los protagonistas del entramado.
La Guajira, epicentro del escándalo
Aunque el robo se extendió a varias regiones del país, el caso de La Guajira resulta especialmente indignante. Olmedo López y Sneyder Pinilla, responsables de la UNGRD, aprovecharon la necesidad de recursos de las comunidades más vulnerables del departamento, para direccionar contratos y manipular ayudas con fines políticos.
Según testimonios de personas de la región y lo que ha dicho Olmedo López en audiencias, la senadora Martha Peralta y Germán Rafael Mejía Sierra (“Manchy Mejía”) figuran como piezas claves en el direccionamiento de contratos en esta región.. Incluso, fuentes locales aseguran que Nicolás Petro, hijo del presidente, fue quien le pidió a Marta Peralta que escogiera las comunidades a donde tendrían que llegar las ayudas, por su conocimiento de la comunidad.
Contratos bajo la lupa
Uno de los contratos más cuestionables fue el de mantenimiento de 1.626 jagüeyes, por $74.984 millones. Según una fuente de la Guajira, fue Santander López Sierra, el hombre Malboro, quien le dijo a Martha Peralta que para esta ejecución de contrato estaban disponibles los contratistas Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Mudvi, de la empresa IRL SAS. De acuerdo con las declaraciones de Olmedo, fue Peralta quien llevó a estos dos contratistas a la UNGR, para que se llevaran a cabo estas contrataciones.
Además, testimonios de Olmedo López señalan que Martha Peralta también direccionó contratos de:
Pavimentación de vías en el corregimiento de Monguí.
Obras de infraestructura en Cotoprix.
Programas de ollas comunitarias, un esquema que movió cifras desproporcionadas frente a otros departamentos.
Respecto a las Ollas comunitarias, fue precisamente La Guajira el destinatario de mayores recursos supuestamente destinados para calmar el hambre. Para este departamento se destinaron $61.650 millones para 470 ollas comunitarias, dinero que en muchos municipios nunca llegó a los beneficiarios.
Otro de los nombres clave en esta investigación es el de Manchy Mejía, padre de María Alejandra Mejía, la directora de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en Uribia, con quien Olmedo López sostuvo una relación sentimental, y que se convirtió en una pieza clave para impulsar a Olmedo Mejía políticamente.
La cuñada de Manchy Mejía, Inés Mercedes Quintana Gómez, terminó operando las ollas comunitarias de Albania, Barrancas, Dibulla, Hatonuevo, Manaure, Rioacha, Fonseca, San Juan del César, Distracción, Maicao y Uribia, a través de la Asociación de Madres Trabajadoras.
Lo ocurrido en La Guajira es apenas una parte del rompecabezas. El mismo esquema se replicó en departamentos como Santander, Boyacá, Arauca, Sucre, Bolívar y Córdoba. Hasta el momento, el escándalo ha salpicado a 11 congresistas y tres ministros; ya tiene en la cárcel al expresidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, y a la exconsejera de Regiones, Sandra Ortiz, además de varios contratistas. Por estos hechos hoy están prófugos el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y el exdirector de la función pública, César Manrique.
Y aunque es claro que Olmedo López, Sneyder Pinilla y Víctor Meza fueron los ejecutores de este plan, ¿quiénes fueron sus cerebros?
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