La infraestructura actual del Colegio de la Sagrada Familia es de propiedad del Vicariato Apostólico pero el personal docente y directivo docente es pagado por el Departamento por lo que se presenta un conflicto de intereses en la asignación del directivo docente de la institución. Sylvanus Henry Bent, Secretario de Educación: “La situación en este momentos está en manos de la oficina jurídica de la Gobernación, no me quiero adelantar pero la Administración emprende acciones para que todos los cupos docentes sean llenados adecuadamente.” La última evaluación docente permitió la asignación de cinco cupos pero sólo tres fueron asignados quedando pendientes los que actualmente están disponibles de los colegios Sagrada Familia y El Carmelo. No es la primera vez que sucede esta situación ya que desde el año 2000 la First Baptist School ahora es privada y es manejada por la Baptist Churches Association mientras que el colegio público que allí existía ahora está ubicada en el Brooks Hill Bilingual School.
Al comienzo del calendario escolar, donde más de diez mil jóvenes y niños se preparan para empezar a recibir clases con sus maestros, queda la inquietud sobre el manejo que desde el Gobierno local se viene haciendo sobre la asignación de los cupos directivos docentes en los colegios de las Islas.
Recientemente se adelantó la evaluación docente para docentes en las Islas quedando cinco docentes aprobados para ocupar las plazas directivas respectivas.
Pese que se habla de que existen cinco plazas de colegios o instituciones educativas, en la actualidad lo que se asignaron fueron tres quedando dos disponibles todo debido a que existen dos instituciones que están ocupadas por religiosas que, pese a que no han realizado la evaluación ni están calificadas en el escalafón directiva docente, vienen ocupando estos lugares a la espera de una resolución al respecto.
Lo que ocurre es un hecho inusual, pero al parecer justificado, debido a que los colegios Sagrada Familia y El Carmelo, que son manejadas por el ahora Vicariato Apostólico, tienen a sus religiosas en el manejo de las mismas pese a que desde el Gobierno Nacional se ordenó que para todos los establecimientos públicos fuesen manejados por docentes asignados mediante evaluación o concurso de las Secretarias de Educación a nivel nacional.
Desde un principio, tanto la Sagrada Familia como el Carmelo son manejadas por las religiosas Terciarias Capuchinas y en el caso de que el Gobierno Departamental decide hacer un cambio en sus directivas por ley se verían obligadas a buscar otras instalaciones locativas debido a que las que actualmente están ocupadas son de propiedad del Vicariato.
En este momento, los colegios Brooks Hill Bilingual School, Bolivariano y Junín, en Providencia que estaban vacantes ya están ocupadas mientras que las instituciones ya mencionadas están siendo evaluadas y se trabaja con la Oficina Juridica de la Gobernación para establecer si deben continuar en este estado o si se estarían efectuando cambios en sus directivas exigidas por ley y que podría verse la Administración obligada a hacerlo si se falla una medida cautelar invocada por uno de los directivos seleccionados para ocupar un cargo y que en la actualidad ocupa un puesto de coordinador en una institución educativa en la isla.
Pero este no es caso inédito. Para el año 1998, luego de haber trabajado por un tiempo prolongado con la Baptist Churches Association, el Gobierno Departamental se vio obligada a trasladar las instalaciones de la institución que funcionaba en las instalaciones de lo que hoy es el First Baptist School hacia lo que anteriormente era la Escuela Alfonso López para crear lo que hoy conocemos como el Brooks Hill Bilingual School permitiendo que el consejo de pastores bautistas pudieran crear una institución con sus propios parámetros y fomentando la educación bilingüe en las Islas.
Ahora la preocupación radica en que la presencia de una religiosa al frente de una institución de amplia tradición en las islas como Sagrada Familia o El Carmelo infunde más respeto y disciplina entre los estudiantes que un “civil”, una preocupación que está viva entre los padres de familia por lo que el Gobierno Local no quiere tomar decisiones radicales al respecto, decisiones que parece ser todo quedará dirimidos en los estrados judiciales y del cual su tratamiento resulta ser un asunto bastante delicado.
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