Por Eduardo Verano De La Rosa
La defensa de la integridad territorial de la Nación es un deber superior de los gobiernos de los Estados y no importa cual sea el modelo de organización estatal existente para cumplir con este mandato.
Este es un deber supremo que no admite discusión, menos dudas. Por este imperativo constitucional, todo gobierno tiene que defender la integridad del Estado y en esa dirección, la sociedad civil está en la obligación de respaldar la defensa del territorio nacional.
En este sentido, y frente al injusto y abusivo fallo del Tribunal de Justicia de La Haya, en el que se intenta destruir la integridad territorial de la Nación, no cabe término medio. Se requiere la defensa de la República en la que todo colombiano tiene que apoyar al gobierno en ese propósito. La estrategia de defensa debe ser elaborada en forma democrática.
¿Deben cumplirse los fallos judiciales? Por regla general sí. El ejemplo de Sócrates que prefirió apurar la cicuta que huir es un modelo que debería cumplirse, pero no pasemos por alto una realidad: Sócrates estaba cumpliendo una decisión judicial de su ciudad, del Estado de su ciudad con la que tenía un vínculo político y social que le ofrecía protección jurídica, por eso lo cumplió y no podía ser de otra manera.
Por el contrario, el fallo del Tribunal de Justicia de La Haya no debe cumplirse como lo argumentan algunos juristas que tratan de aplicar el ejemplo de Sócrates a una situación que no es análoga porque el fallo no solamente es injusto sino que no forma parte de los órganos de nuestro Estado.
El fallo del Tribunal de La Haya pone en peligro la integridad territorial del Estado que intentó evitar Sócrates, en su momento, cuando cumplió lo ordenado por la autoridad. En Colombia es el fallo el que pone en peligro al Estado.
Sin embargo, la política del gobierno actual tiene que ser revisada para fortalecer la defensa del territorio de la Nación, no sólo frente a ese fallo sino que, además, tiene que revisarse las acciones frente a las pretensiones expansionistas de Nicaragua.
Entre otros asuntos, es urgente que el gobierno colombiano pida la revisión del fallo por problemas de lo no razonable y la imposibilidad de cumplirlo por absurdo e injusto, ya que los plazos no dan espera.
La petición de que la política para la defensa del territorio de la patria sea revisada tiene anclaje en la realidad. El Estado no tiene política de fronteras porque éstas son víctimas del presidencialismo y el centralismo que nos agobia y debilita.
Una política para la defensa tiene que revisar el modelo de Estado existente, el cual, ha demostrado no ser democrático. La revisión del modelo de Estado tiene que hacer parte de una estrategia de defensa de la integridad de la Nación.
La revisión del modelo de Estado pone de manifiesto la necesidad de reordenar el Estado con un modelo de Autonomía Regional y de Autonomía del territorio insular. Entre más autonomía política se logre, la defensa del territorio de la Nación se fortalece.
Ante las pretensiones expansionistas de Nicaragua se activa la necesidad de que San Andrés, Providencia y Santa Catalina se constituyan en un Estado Asociado de la República de Colombia.
Estados Unidos es pragmático en la defensa de su territorio, hecho que lo ha fortalecido desde su nacimiento, razón por la cual, ha predicado la autonomía de los Estados como la mejor forma de organización política.
Asimismo, sus fronteras marítimas se ensanchan y protegen porque el modelo de Estado se ha diseñado en forma flexible y autonómica. No les han tenido miedo a tener a Puerto Rico como Estado Libre Asociado. Aprendamos algo de la praxis norteamericana.
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