El tema del hurto de tarjetas de turismo al proveedor Acaribe Libros por parte de sujetos desconocidos que probablemente pertenezcan a un cartel que se ideó la forma de robarle al Departamento parte de sus ingresos, y que probablemente tenga cerebros que viene actuando con la presencia presunta de servidores públicos, operarios y particulares, amerita una cumbre interna en el Gobierno que evalúe las acciones a emprender el Departamento ante lo confuso que les resulta el tema hasta ahora.
Puede ser entendible que el gobernador sea neófito del tema porque es un asunto que viene desde la administración pasada y lo tomó por sorpresa y ni tiene porque conocer de temas fiscales ni mucho menos jurídicos y para ello tiene asesores como el secretario de hacienda, el jefe de rentas y su asesora jurídica que deben darle luces de cómo actuar.
Pero lo que no puede ocurrir es que se asuma la posición ligera de creer que no hay razón para ir a la Fiscalía a hacer lo que se dijo falsamente que se había hecho; denunciar el fraude que se le ha cometido al ente territorial con su impuesto de tarjeta de turismo.
Una cosa es el hurto de las tarjetas que afecta al proveedor porque deja de percibir el valor al que le vende cada tarjeta al Departamento, que según lo dicho por el señor Ángel Caez Flórez a esta redacción, equivale a 180 pesos cada unidad. De ahí que en últimas haya presentado denuncia por hurto calificado de menor cuantía.
Pero esa menor cuantía para el proveedor es una mayor cuantía para el Departamento porque al usarse las tarjetas –como en efecto ya la Fiscalía tiene pruebas que se utilizaron varias de estas- se dejan de percibir ingresos que le pertenecen al ente territorial. Si se llegaren a utilizar la totalidad de las 3.800 tarjetas hurtadas, equivaldría a unos 212 millones dejados de percibir el ente territorial, luego si sería una perdida para el Departamento y le corresponde a su representante legal ponerlos en conocimiento de las autoridades judiciales.
Por este hecho con justa razón el ex candidato Jorge Méndez, que de acuerdo con la lógica política y electoral es quien debe encarnar la oposición, reclamó el sábado pasado por las redes sociales, citando un informe periodístico de esta casa editorial que “el Gobierno no ha denunciado este grave caso ante las Autoridades, ha mentido descaradamente a la Comunidad y estaría incurriendo en prevaricato por omisión a sus funciones como Primera Autoridad de las islas. Más de lo mismo.”
El ejercicio de la oposición es legítimo por mucho que moleste o incomode y no se le puede descalificar alegremente por quienes asumen de defensores de oficio del Coral Palace sin que el Gobierno o el mandatario se los haya pedido, porque además asumen posiciones que algunos podrían entender como promovidas por el Gobierno cuando no necesariamente son así.
Hay quienes consideran que la denuncia nace en el fabricante, y es el deber ser y suponen que aun el gobierno no las ha recibid, pero debe hacer el seguimiento, e informar sobre los culpable.
Pero sucede que la Gobernación conoce el tema muy puntualmente, tanto así que el 7 de diciembre de 2015 el Gobierno de Aury Guerreo Bowie, notificó a las empresas de transporte de turismo el Reporte de Denuncia por pérdida de tarjetas de turismo con la serie de las 2.681 tarjetas extraviadas que había hecho Caez Florez.
Es deber del servidor público denunciar la perdida de dineros de que tenga conocimiento. Si ya el Gobierno tasó en 190 millones de pesos el faltante, hay un detrimento y por ende debe denunciarlo.
Y vale aclarar que el hecho que el fabricante reponga las tarjetas no quiere decir que el dinero no se haya perdido por que fueron turistas que ingresaron pero no le pagaron al Departamento ese ingreso, si no que se quedó en bolsillos particulares. Cuando la oficina de Rentas haga un arqueo del número de viajeros que ingresaron como turistas en 2015, va a encontrar que de esta totalidad, le falta el tributo de 2.681 viajeros. La respuesta a ese faltante es que corresponde a las tarjetas perdidas.
El Departamento si perdió el ingreso que debió llegarle a sus arcas por turistas que ingresaron a la isla con esas tarjetas, pero que no le pagaron a la Gobernación porque un particular las cobró. La Fiscalía tiene en su poder cientos de documentos seriales que prueban el uso de las tarjetas hurtadas.
Creemos saber que el gobernador en su responsabilidad no le está sacando el cuerpo a esta responsabilidad que tiene y dispone prudentemente del tiempo necesario mientras avanzan las investigaciones preliminares que arrojen mayor claridad para proceder ya con información más consolidada a dar valores del detrimento causado y probables responsables para que en adelante la autoridad actúe.
Por