En la supuesta defensa de la mano de obra local y nativa por parte de algunos sectores políticos, sociales y de opinión, hay algo de hipocresía.
Y prueba de ello es lo que ha venido denunciando The Archipiélago Press sobre la contratación de dineros públicos por parte de entidades oficiales del Departamento.
El primer caso de ellos lo denunció este rotativo hace dos meses cuando destapó una de las contrataciones del alcalde de Providencia Arturo Robinson Dawkins, quien en la sola compra de tiquetes para el Festival Folclórico, Deportivo y Cultural, le pagó a una agencia de viajes de Cartagena, 200 millones de pesos; suma que bien habría valido la pena poner a circular en San Andrés o en Providencia, donde empresas locales generan empleo para el nativo o el residente.
Sumas que contribuyen a la generación de empresa, a mover el circulante, a insuflarle a nuestra economía algunas divisas, y a contribuir al poder adquisitivo en la región a más del empleo generado.
El segundo caso lo acaba de confirmar la Contraloría por virtud de una denuncia publicada por este rotativo. Sucede que la Contraloría General de la República confirmó las irregularidades denunciadas por el semanario The Archipiélago Press en la contratación del Infotep a cargo de su rectora Naretta Steele, con una contratista traída de la ciudad de Barranquilla, de nombre Mildred Rosa Carrol Mozo, a la que en un año le adjudicaron siete contratos por 154 millones de pesos, presentándose hallazgos de tipo penal y disciplinario, según confirmó el ente de control fiscal en oficio a esta redacción. Lo insólito del asunto es que el ente de control fiscal descubrió que en menos de un año el Infotep celebró con una misma contratista foránea una multiplicidad de contratos por varias actividades por más de 154 millones de pesos; actividades que varios profesionales de las islas pudieron haber ejecutado, por prestación de servicios de asesoría, servicios profesionales para asesoría externa, para el apoyo y acompañamiento a la contratación, de capacitación, de asistencia técnica, etc, y en una de estas contrataciones se generó un hallazgo con presunta incidencia penal y disciplinaria, por lo cual se compulsara copias a la Procuraduría y Fiscalía Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para lo de su competencia y demás fines pertinentes.
En estos dos caso de altos funcionarios de las islas, ordenadores del gasto, encargados de la contratación y el manejo presupuestal, estos servidores públicos pudieron haber contribuido con esos dineros a ayudar a sus gentes a conseguir una oportunidad laboral o a generar empresa, pero prefirieron contratar gente de Barranquilla o Cartagena. Los dos casos suman cerca de 350 millones de pesos que circulando en la economía local, no se constituirían en la fuga de divisas o de capital en que se convierten y que van a irrigar otras economías y no propiamente la nuestra.
De modo que el discurso del desplazamiento de la mano de obra local se queda sin mucha argumentación cuando se presentan casos que como estos dos ilustran la forma como los servidores públicos muchas veces parecieran responder más bien a sus intereses personales o particulares y no al compromiso de servir a los intereses colectivos de su comunidad. Con cuál autoridad moral pueden mañana más tarde reclamar que se está desplazando la mano de obra nativa, si cuando tienen la oportunidad de contribuir a su protección, lo que hacen es traer a la isla capital humano que tiene más y mejores oportunidades donde están, pero a las que se le abren puertas en la isla para luego quedarse.
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