*LAS AUTORIDADES NO PUEDEN DESCONOCER LA CRÍTICA REALIDAD DE FUNCIONARIOS QUE DESPACHAN FUERA DE SUS LOCALIDADES POR AMENAZAS DE GRUPOS ARMADOS* _El Chocó es donde más alcaldes han tenido que salir de sus localidades para salvaguardar su vida e integridad, y el departamento donde más mandatarios municipales han sido víctimas de atentados._ _La Defensoría del Pueblo solicita a las entidades competentes y a las fuerzas de seguridad del Estado medidas de protección, fortalecer la presencia institucional, proteger los derechos a la vida, a la integridad, al trabajo y a la libre movilidad y, particularmente, atender los llamados para activar los mecanismos de prevención y coordinación interinstitucionales._ *Bogotá, 28 de junio de 2023 (@DefensoriaCol).* La Defensoría del Pueblo, como institución garante de los derechos humanos, insiste en la importancia de activar todos los mecanismos de prevención y coordinación entre entidades nacionales y territoriales para atender la crítica situación de seguridad que se está presentando en Colombia, especialmente en el departamento del Chocó. El pasado 16 de junio, la entidad, a través de un trabajo acucioso realizado en terreno por todas sus Defensorías Regionales, emitió un reporte sobre la preocupante situación que enfrentan servidores públicos, como alcaldes, concejales, personeros, diputados, entre otros, en el territorio nacional. En un total de 17 departamentos, por mencionar algunos: Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima, los funcionarios están bajo amenazas. El reporte concluye que 17 municipios se encuentran en alto riesgo debido a la presencia y confrontación entre estructuras armadas ilegales. Un total de 12 alcaldes, en siete departamentos, tuvieron que abandonar sus territorios para salvaguardar su vida e integridad personal; actualmente, ejercen sus funciones desde otras jurisdicciones. Es el caso del Chocó, donde los mandatarios locales de Bagadó, Río Iró, Sipí y San José del Palmar también están despachando desde otros lugares por cuenta del accionar indiscriminado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla del ELN. En Río Iró y tres días después de haber sido emitida la Alerta Temprana 020-23 para ese municipio, el burgomaestre fue víctima de un atentado con un artefacto explosivo improvisado. Sumado a estos hechos lamentables, los alcaldes de Nuquí, Atrato, El Cantón del San Pablo, Unión Panamericana, Medio Baudó y Lloró también han sufrido atentados contra su vida e integridad. Ese departamento del Pacífico colombiano se convierte en el que más alcaldes tiene trabajando desde otras cabeceras municipales o ciudades, un total de cuatro, y en el que más mandatarios han sido blanco de atentados, siete. Además, comunidades pertenecientes a consejos comunitarios en Nóvita, Sipí y Medio San Juan han tenido que desplazarse de manera forzada o inclusive han quedado confinadas en sus propias viviendas. La Defensoría del Pueblo conoce la rápida respuesta que la fuerza pública despliega ante las alertas tempranas emitidas; no obstante, hace un llamado para que también escuche el clamor de 15 municipios en el Chocó que hoy se encuentran en riesgo extremo debido a la expansión, confrontación armada y extorsiones sistemáticas de los grupos armados ilegales, de manera particular, del ELN. Adoptar medidas de protección, fortalecer la presencia institucional, proteger los derechos a la vida, a la integridad, al trabajo y a la libre movilidad y, de manera especial, valga recalcarlo, atender los llamados de la Defensoría del Pueblo es un deber de las entidades y de las fuerzas de seguridad del Estado.
Posted by The Archipielago Press on Wednesday, June 28, 2023
El Chocó es donde más alcaldes han tenido que salir de sus localidades para salvaguardar su vida e integridad, y el departamento donde más mandatarios municipales han sido víctimas de atentados.
La Defensoría del Pueblo solicita a las entidades competentes y a las fuerzas de seguridad del Estado medidas de protección, fortalecer la presencia institucional, proteger los derechos a la vida, a la integridad, al trabajo y a la libre movilidad y, particularmente, atender los llamados para activar los mecanismos de prevención y coordinación interinstitucionales.
La Defensoría del Pueblo, como institución garante de los derechos humanos, insiste en la importancia de activar todos los mecanismos de prevención y coordinación entre entidades nacionales y territoriales para atender la crítica situación de seguridad que se está presentando en Colombia, especialmente en el departamento del Chocó.
El pasado 16 de junio, la entidad, a través de un trabajo acucioso realizado en terreno por todas sus Defensorías Regionales, emitió un reporte sobre la preocupante situación que enfrentan servidores públicos, como alcaldes, concejales, personeros, diputados, entre otros, en el territorio nacional. En un total de 17 departamentos, por mencionar algunos: Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima, los funcionarios están bajo amenazas.
El reporte concluye que 17 municipios se encuentran en alto riesgo debido a la presencia y confrontación entre estructuras armadas ilegales. Un total de 12 alcaldes, en siete departamentos, tuvieron que abandonar sus territorios para salvaguardar su vida e integridad personal; actualmente, ejercen sus funciones desde otras jurisdicciones.
Es el caso del Chocó, donde los mandatarios locales de Bagadó, Río Iró, Sipí y San José del Palmar también están despachando desde otros lugares por cuenta del accionar indiscriminado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla del ELN.
En Río Iró y tres días después de haber sido emitida la Alerta Temprana 020-23 para ese municipio, el burgomaestre fue víctima de un atentado con un artefacto explosivo improvisado. Sumado a estos hechos lamentables, los alcaldes de Nuquí, Atrato, El Cantón del San Pablo, Unión Panamericana, Medio Baudó y Lloró también han sufrido atentados contra su vida e integridad.
Ese departamento del Pacífico colombiano se convierte en el que más alcaldes tiene trabajando desde otras cabeceras municipales o ciudades, un total de cuatro, y en el que más mandatarios han sido blanco de atentados, siete.
Además, comunidades pertenecientes a consejos comunitarios en Nóvita, Sipí y Medio San Juan han tenido que desplazarse de manera forzada o inclusive han quedado confinadas en sus propias viviendas.
La Defensoría del Pueblo conoce la rápida respuesta que la fuerza pública despliega ante las alertas tempranas emitidas; no obstante, hace un llamado para que también escuche el clamor de 15 municipios en el Chocó que hoy se encuentran en riesgo extremo debido a la expansión, confrontación armada y extorsiones sistemáticas de los grupos armados ilegales, de manera particular, del ELN.
Adoptar medidas de protección, fortalecer la presencia institucional, proteger los derechos a la vida, a la integridad, al trabajo y a la libre movilidad y, de manera especial, valga recalcarlo, atender los llamados de la Defensoría del Pueblo es un deber de las entidades y de las fuerzas de seguridad del Estado.
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