A través de su cuenta de Facebook la lideresa de la comunidad Raizal, Corinne Duffis reprochó la morosidad con la que el Gobierno Departamental les solicita su opinión sobre el Plan de Desarrollo Departamental y la falta de participación en la construcción del mismo.
En un mensaje a los de su comunidad, Duffis insta a los “hermanos Raizales, no podemos permitir que nos sigan violando nuestros derechos. El plan de Desarrollo del Departamento, ya fue entregado a la Asamblea y al Consejo Departamental de Planeación; después de insistir en varias ocasiones, por fin recibí el viernes 11 de marzo a las 3:30 pm, varios CD que incluyen el anteproyecto del Plan de Desarrollo que está circulando, para que lo socialicemos con el Pueblo Raizal.”
Advierte la dirigente raizal que “este anteproyecto tiene 300 páginas; ustedes creen que podemos socializar y revisar los impactos tanto positivos como negativos; para el 17 y 18 que pretenden que nos reunamos para presentar nuestras observaciones y sugerencias.”
Duffis echa mano de la jurisprudencia constitucional que establece la obligatoriedad de las administraciones gubernamentales de hacer partícipes a las comunidades en la elaboración de los planes de desarrollo para el periodo de sus respectivos mandatos.
“Si leemos la sentencia de la Corte Constitucional 353 del 2014, el Pueblo Raizal, debió participar en la Construcción del mismo, con el fin de garantizar nuestro Derecho a la consulta en nuestro territorio ancestral. Nuestra etnicidad y territorio étnico, no podemos permitir que lo ignoren en este plan de desarrollo. Yo preguntaría: Desarrollo para quien o para quienes?”
Sobre este mismo tema ya The Archipiélago Press había editorializado sobre la falta de socialización del Plan de Desarrollo del Departamento al advertir que “a estas alturas el Gobierno en lo único que debería estar pensando en es el la socialización, discusión, formulación y aprobación de su Plan de Desarrollo conforme lo exige el artículo 204 de la Ley 1098 de 2004
La nota editorial de este rotativo advertía que “esta norma establece que el gobernador y el alcalde, en los primeros cuatro meses de su mandato deben elaborar un diagnóstico sobre los temas de infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos, con el fin de establecer los problemas prioritarios y las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán en el plan de desarrollo para atenderlas. Así mismo, determina que el DNP y los Ministerios de la Protección Social y Educación Nacional, con la asesoría técnica del ICBF deben diseñar lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de desarrollo en materia de infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos. Las Asambleas y los Concejos, por su parte, deben verificar, para su aprobación, que el plan de desarrollo e inversión corresponda con los resultados del diagnóstico realizado.”
The Archipiélago Press entonces alertó que “ya el Gobierno quemó dos meses de los cuatro de que dispone”. Lo que ha trascendido es que el trabajo de construcción del Plan de Desarrollo del Departamento le fue encomendado a una experta de Medellín, que estuvo vinculada con el Gobierno de Sergio Fajardo.
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