Por: Volmar Pérez Ortiz, exdefensor del Pueblo
Recordemos que fueron los propios habitantes de San Andrés los que le solicitaron al rey de España en 1802 que el archipiélago y la Mosquitia se segregaran de la Capitanía General de Guatemala para adscribirse al Virreinato de la Nueva Granada. Luego de oír los informes que fueron solicitados, el rey expidió la Real Orden en 1803 mediante la cual resuelve que “las islas de San Andrés y la parte de la costa de Mosquitos desde el cabo de Gracias a Dios, inclusive, hasta el rio Chagres, queden segregadas de la Capitanía General de Guatemala y dependientes del Virreinato de Santa Fe…”. Orden que después fue ratificada en 1805 y, desde entonces, como dice Gaviria Liévano, el Virreinato ejerció jurisdicción y soberanía sobre San Andrés y la Mosquitia.
En 1825 la Gran Colombia suscribió un Tratado de Unión Liga y Confederación con las Provincias Unidas de Centroamérica en el que se adoptó la doctrina del Uti Possidetis Juris como mecanismo para delimitar las fronteras y “respetar sus límites como están”. El Estado conocido como Provincias Unidas de Centroamérica se disolvió en 1838, pero subsistieron las obligaciones que se habían contraído. A pesar de los cual, en 1890, Nicaragua se apropia en forma arbitraria de las islas Mangles, que fueron cedidas formalmente mediante el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. Posteriormente, Nicaragua hizo intentos sucesivos por apoderarse de la Costa de la Mosquitia.
En 1928 se acuerda entre Colombia y Nicaragua el célebre Tratado Esguerra-Barcenas, que, luego de ser ampliamente discutido por el Congreso de Nicaragua, termina por ser aprobado en 1930, mediante el cual se reconocen la soberanía y pleno dominio de la República de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y todas las islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago. A su vez, Colombia le reconoce a Nicaragua soberanía y pleno dominio sobre la costa de Mosquitos y las islas Mangle Grande y Mangle Chico. Se advierte que el tratado excluye los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana por estar en litigio entre Colombia y Estados Unidos.
Por otro lado, Nicaragua ha soportado su estrategia jurídica en el argumento de que ese país había sido invadido por tropas norteamericanas cuando se firmó el tratado, por lo que es inválido. Argumento que resulta inadmisible, porque era precisamente el gobierno de Nicaragua el que tenía una alianza con las autoridades de Estados Unidos a quienes les había dado en arriendo las islas Mangles y, efectivamente, Colombia tenía pendiente con ellos un litigio por resolver sobre el dominio de los cayos mencionados. Entonces, en ese contexto, los Estados Unidos no iban a terciar en favor de los intereses de Colombia.
En este momento se tramita una nueva demanda presentada por Nicaragua mediante la cual acusa a Colombia de estar incumpliendo el fallo de 2012 que contiene una nueva frontera marítima. Nuestro país debe mantenerse en su postura de que la demarcación de los límites con otros países solo se puede hacer mediante un tratado y no en forma unilateral, como ha pretendido el gobierno de Nicaragua.
*TOMADO DE HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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