“El Senador Manuel Virgüez le solicita al Presidente Santos que declare la inaplicabilidad de la Ley 1665 de 2013, que le entrega el patrimonio sumergido del país a los caza tesoros”
La incoherencia del Gobierno en la defensa del archipiélago de San Andrés queda evidenciada en dos mensajes contradictorios que ha dirigido el Presidente Santos. Por un lado manifestó que defenderá a San Andrés hasta las últimas consecuencias en el conflicto limítrofe; y por otro lado, entregará los tesoros sumergidos en estas aguas a caza tesoros, al expedir la Ley 1665 del 30 de julio de 2013.
“No bastó con las 3.000 firmas que se recogieron entre políticos, altos funcionarios, líderes de las comunidades costeras, entre otros; que se enviaron a la Presidencia de la República el pasado mes de julio del presente año, con el fin de solicitarle al mandatario no sancionar la reciente Ley, que atenta contra el patrimonio de los colombianos en especial de los habitantes del archipiélago” afirmó Virgüez.
Entregar al menos 40 naufragios identificados, como la Flota Fernández de Córdoba hundida entre Serranilla y Jamaica, que llevaba 80 toneladas de oro, sin contar con las piedras preciosas, es atentar contra el artículo 63 de la Constitución Política, que determina claramente que el patrimonio arqueológico de la nación es inembargable, imprescriptible e inalienable.
“Para que el Gobierno Santos no entre en contradicción le pedimos a la Canciller María Ángela Holguín, que proceda a considerar inaplicable la Ley 1665 y le devuelva la tranquilidad a los isleños y a todos los colombianos de que no entregará el patrimonio arqueológico del país, y que acompañe el fortalecimiento de la Armada Nacional con instrumentos y equipos que permitan la soberanía, la seguridad y el rescate de estos tesoros, sin necesidad de repartir las riquezas. Esperamos que este anuncio lo pudiera hacer en el día de hoy en su visita a la Isla” Puntualizó el Legislador.
Finalmente el Senador Virgüez del Movimiento MIRA anunció que prepara una demanda de inconstitucionalidad para evitar que las riquezas de nuestros mares sean apropiadas por empresas multinacionales y que Colombia se quede con las migajas.
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