El hecho de tener o no la condición de desplazado no quita ni pone argumentos a la hora de establecer si las personas tiene la tarjeta Occre, porque no existe ninguna posibilidad de alterar el decreto 2762, para otorgar permisos especiales, debido, principalmente, porque no hay como ofrecer empleo y comodidad con los servicios públicos debido a la marcada superpoblación que padece la isla.
La semana anterior una persona fue sorprendida por funcionarios de la Occre laborando en un hotel con una tarjeta Occre falsa. La persona manifestó ser desplazada pero no se ha podido verificar si es verdad o no, “nosotros no estamos haciendo ningún tipo de operativo o procedimiento en contra de los desplazados o víctimas del conflicto armado del país, por el contrario somos solidarios con estas personas, lo que si llevamos es un control de quienes ingresan en calidad de víctimas y algunos que llegan aquí a declarar que son víctimas, pero siempre queda por establecer si dicen la verdad o no, dijo el director de la Oficina de Circulación y Residencia – Occre-, Joseph Barrera Kelly, y añadió: “Tuvimos un caso hace un mes cuando un señor fue conducido hasta las instalaciones de laOccre y presentó una tarjeta falsa. Fue capturado por el suscrito y le pedí el favor a un agente de Policía que se encontraba presente, que le leyera los derechos del capturado. Posteriormente fue llevado hasta las instalaciones de la Fiscalía donde se le hizo una audiencia preliminar ante un Juez de Garantías. Fue dejado en libertad pero no se volvió a comunicar ni a contestar los teléfonos, por lo que fue buscado y conducido de nuevo hasta las oficinas de la Occre para proceder a la expulsión.
No vamos a expulsarlo por la condición de víctima que él alega tener pero que no ha demostrado, nosotros hemos llamado a la Unidad Nacional de Víctimas, pero en el sistema no apareció por lo que no se pudo establecer si es desplazado o no.
Pero independientemente que aparezca en las listas nacionales de desplazados esta persona fue expulsada porque violó el decreto 2762 y además incurrió en una falta de tipo penal como es portar y hacer uso de un documento falso, es decir se enmarca dentro del delito de falsedad en documento público.
Hemos sostenido reuniones con un delegado de alto rango de la Defensoría del Pueblo, que tiene que ver directamente con las víctimas del conflicto armado en el país. A él le indicamos que no es que San Andrés no quiera recibir desplazados, lo que ocurre es que no está en condiciones de recibir desplazados porque tenemos un grave problema de servicios básicos que no están siendo satisfechos para los nativos y residentes y mucho menos se puede garantizar ofrecer esos derechos a las víctimas del conflicto armado y que son garantías mínimas que todo colombiano debe tener.
Además no hay en San Andrés industrias ni fuentes de empleo, es injusto darle trabajo a una persona que acaba de llegar en lugar de darle ese puesto a un residente con 15 o más años en la isla.
Hay casos de personas que llegan a la isla y en el puesto de control del aeropuerto dicen que son turistas, luego de guardar la maleta llegan a la Defensoría del Pueblo a declarar que son desplazados, pero no tienen el documento físico como tal porque nunca ha ido a la Unidad Nacional de Víctimas. Estas personas si pasan el tiempo permitido por el decreto 2762 para permanecer en el territorio, van a ser expulsadas”, concluyó el funcionario.
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