Lo que acaba de ocurrir en el Coral Palace es un vergonzoso capitulo en la historia institucional del Departamento que aun cuando muchos quisieran borrar de los anales del Archipiélago, quedará perenne para siempre y sus protagonistas quedaran rotulados para siempre como un ejemplo para nunca imitar.
Si bien es cierto que en la década de los noventa, San Andrés enfrentó el bochorno de que fueran encarcelados y suspendidos tres gobernadores en serie, nunca antes habían estado dos mandatarios involucrados en una misma trama de corrupción junto a medio gabinete y asociados con el representante a la Cámara del Partido de Gobierno, quedando la sensación en el colectivo regional y nacional, que a San Andrés no la gobernaban sino que la saqueaban, que había una organización para delinquir manejando la gobernabilidad del territorio mientras los problemas sociales de manera abrumadora crecían y se desbordaban.
El estupor y la indignación se han entremezclado con la consideración y solidaridad contra los capturados por la penosa situación personal y jurídica que estos viven al enfrentarse al peso de la justicia en momentos en los que la comunidad en general clama por fuertes sanciones para el aberrante flagelo de la corrupción que se apoderó de la administración de lo público en Colombia.
Pero la rabia de los habitantes de las islas parece ser mayor que la consideración y no es para menos, porque mientras los problemas de las islas crecen como bola de nieve, por falta de seguridad, buenas carreteras, de suministro de agua, de saneamiento ambiental, de buen servicio de salud, etc, la Fiscalía habla de negociados superiores a los 120 mil millones de pesos en contratación y coimas por once mil millones que afirma el Ente Acusador se habrían embolsillado contratistas y funcionarios públicos.
Los hechos deben ser llevados hasta las últimas consecuencias y de la misma forma como la justicia debe condenar a los responsables, también debe absolver a los que no sean culpables. Es lo que se espera de la justicia, sindéresis, verticalidad e imparcialidad para que paguen los responsables, pero a los que probablemente hayan sido utilizados sin saber cómo gancho ciego, se les atenúen las sanciones, si es del caso.
Por lo pronto el destape merece un gran reconocimiento a la tarea de la Fiscalía General de la Nación y su Dirección Nacional y Seccional, que tras un año exacto de las denuncias, pudieron mostrar resultados y restituirle al ciudadano la confianza para que se anime a denunciar todos los casos de corrupción que persisten en el archipiélago en otras entidades públicas municipales, departamentales y nacionales que funcionan en las islas, donde las practicas venales se han convertido en cultura amparados en el silencio, la complicidad y la impunidad, mientras le roban al ciudadano su derecho a gozar de los programas, beneficios y recursos que el Estado le devuelve a una comunidad a la que obligan a pagar toda suerte de impuestos.
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