Empresa que le compró apartamento es socio suyo en Consorcio contratado por la Gobernación. Las revelaciones hechas la semana pasada por The Archipiélago Press sobre la forma como el contratista Héctor Hernando Castellanos Zuluaga se ha desprendido de varias de sus propiedades en San Andrés de manera paralela a las investigaciones que le adelanta la Contraloría General de la República por detrimento patrimonial de más de 2 mil millones de pesos por las obras de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales 2008, precipitaron la entrega de nuevas pruebas en su contra, en las que se evidenciaría que éstas movidas serían una simulación para evitarse las sanciones del caso que a futuro pueda imponerle el ente de control fiscal por la mala calidad y menor cantidad de obras contratadas.
Una fuente le entregó a The Archipiélago Press copia de un documento consorcial donde se descubre que Héctor Hernando Castellanos es dueño del 70 por ciento del Consorcio Deportes SAI, en tanto que la firma Ingeniería Colombia S.A.S es la dueña del otro 30 por ciento, y que a dicho consorcio se le adjudicó en 2014 la recuperación de los campos deportivos de beisbol y softbol en grama natural y el mantenimiento del campo deportivo en grama sintética de la cancha de futbol de San Andrés por 2.650 millones de pesos.
Curiosamente el socio de Castellanos Zuluaga en el Consorcio Deportes SAI es la misma empresa a la que el empresario le vendió ese mismo año un apartamento ubicado en el edificio Bahía Fragata de San Andrés
Tal como lo reveló The Archipiélago Press esta propiedad fue transferida por Castellanos Zuluaga mediante Escritura Pública 0504 del 13 de mayo de 2014 y es un inmueble urbano, identificado con matricula inmobiliaria No. 450-14881, ubicado en el sector de Hell Gate, avenida Francisco Newball y Providencia, K 2 48-05, apartamento 411 del Edificio Bahía Fragata (propiedad horizontal), mediante la figura de compra venta por valor de 75 millones de pesos, a la firma Ingeniería Colombia S.A.S.
De acuerdo con lo que conoció The Archipiélago Press, el gerente y representante legal de Ingenieria Colombia S.A.S es el señor Diego Fernando Castellano Solarte, identificado con cédula de ciudadanía 14.465.444, por lo visto hermano de Nathali Castellanos Solarte, a quien Castellanos Zuluaga le vendió un inmueble urbano por 425 millones de pesos, donde en la actualidad funciona la Procuraduría General de la Nación, en la avenida 20 de julio, pagándole un canon de arrendamiento de 11 millones de pesos mensuales. La compañía compradora de ese inmueble y que además ahora figura como socio de Castellanos Zuluaga en el Consorcio Deportes SAI, es una empresa con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle, constituida en esa ciudad en octubre 5 de 2006 como Ingenieria Colombia Ltda, la cual se cambió a Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S en noviembre 16 de 2010. De esta sociedad hace parte como subgerente la señora Nelfi Solarte Santillana, identificada con cédula de ciudadanía 31242996.
Esta novedad que se revela ahora, se suma a otras circunstancias que hacen pensar que la venta de tres propiedades que ha efectuado Castellanos Zuluaga en los dos últimos años, podrían tratarse de una venta simulada para evadir la acción persecutora del Estado.
Primero, que se trata de propiedades que han sido transferidas a dos hermanos que al parecer son familiares suyos; segundo, que ahora uno de ellos es socio suyo con el 30 por ciento en un Consorcio que contrató con el Departamento obras por más de 2.500 millones de pesos en escenarios deportivos en los que ejecutó obras en las que la Contraloría General de la República le calculó detrimento patrimonial por más de 2.300 millones de pesos por baja calidad y menor cantidad de lo ejecutado. Y tercero, que en uno de esos inmuebles vendidos por Castellanos Zuluaga está habitado por él y su pareja, es poseedor de la referida propiedad vendida, y ejerce ánimo de señor y dueño sobre el mismo, ya que además ejerce ante la comunidad de esa propiedad horizontal.
La simulación que sería la maniobra usada por Castellanos Zuluaga es “el acuerdo de las partes de emitir concordantes declaraciones de voluntad contrarias a lo que realmente quieren, a fin de engañar un tercero”. Con la simulación se busca engañar a terceras personas sobre un negocio que se realiza aparentemente de una manera pero en realidad es otra cosa, es decir de manera pública se realiza un negocio jurídico, mientras que en lo secreto o no se ha realizado el negocio o se ha realizado otro totalmente distinto al que en público se pareció realizar.
Las investigaciones de la Contraloria contra Castellanos
No solo Castellanos, dos exgobernadores y directivos y funcionarios de Coldeportes y Fonade están siendo investigados por la ejecución del contrato 2080366 del 27 de febrero de 2008 para la construcción del nuevo coliseo de baloncesto de San Luis, por valor de 5.126 millones de pesos.
En ese proceso se detectaron irregularidades derivadas de la diferencia (cantidad) de la obra contratada con la ejecutada en el estadio; diferencia tasada en unos 226 millones de pesos; diferencia ésta que trajo como consecuencia daños causados por la mala calidad de la obra, la cual fue calculada por la Contraloría en 1.484 millones de pesos; no se tuvo en cuenta la salinidad de la isla; la cubierta que fue instalada con cuadrantes de láminas y tornillos de hierro y que por su cercanía a menos de 100 metros del mar causó un alto grado de oxidación; instalación de ventanas en aluminio con diferencias respecto de lo contratado, puntualmente en el ángulo de inclinación, sin tener en cuenta que por la cercanía al mar y la velocidad de la brisa en la isa, permitió que ingresara el agua lluvia al coliseo deportivo. Estos daños patrimoniales están calculados por el órgano fiscalizador en 1.711 millones de pesos.
Y el proceso de Responsabilidad Fiscal por el contrato 208036 del 27 de febrero de 2008, con el consorcio Orbita Futbol, del que Castellanos hacía parte para la construcción de la tribuna occidental del Estadio de Fútbol de San Andrés, contratada por 5.332 millones de pesos, donde se hallaron también diferencias en la obra contratada con la ejecutada (cantidad) en la construcción del escenario deportivo por la suma de 129 millones de pesos; diferencias en la calidad de la obra por la suma de 386 millones de pesos.
Adicional a ello el contratista no entregó la obra en el tiempo establecido, incumpliendo con el objeto contractual el cual estaba encaminado al uso del escenario deportivo en los Juegos Nacionales, además que las dilaciones en la ejecución de las obras afectaron sustancialmente los cálculos financieros del proyecto que implicó asumir compromisos adicionales para la culminación de la misma con los consecuentes costos por las variaciones del tiempo, de los insumos, la mano de obra, además de los esfuerzos adicionales del ente contratante para recuperar recursos en pleito para que al final no haya sido entregado en el tiempo estipulado y su mantenimiento no haya resultado el adecuado, lo que derivó en un rápido deterioro del escenario deportivo, incrementándose el daño patrimonial para el Estado.
Consecuencia de esto, al momento en que se realizaron las inspecciones del caso se encontró que 1.118 sillas de las graderías estaban descoloridas y a ello se suma que la interventoría no fue la adecuada por cuanto no se tomaron en cuenta las medidas necesarias para el suministro e
instalación de la silletería; el sistema hidráulico presenta problemas; existen espacios sin ventilación ni iluminación natural, lo que evidencia la falta de conocimiento del contratista y las barandas y puertas presentaron alto grado de desgaste. Por ello el ente de control tasó en 515 millones de pesos el daño patrimonial causado.
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