La muerte de dos personas en medio de una balacera por cuenta de los enfrentamientos que ya vienen “cazados” entre pandilleros de barrios populares del centro de la ciudad mientras parrandeaban en los carnavales de San Andrés alrededor de un ruidoso pick up obliga a las autoridades del Departamento, tanto gubernamentales como policiales a tomar medidas radicales tendientes a evitar que el orden público y la seguridad se sigan viendo afectados por el mal comportamiento ciudadano a la hora de divertirse.
Los barrios y las vías públicas no pueden terminar convertidos en campos de batalla donde las balas zumban a toda velocidad impactando en la humanidad de las personas o en las paredes y ventanales de las casas, ni su propiedad privada destrozada por cuenta de estos comportamientos altamente agresivos y criminales.
La anarquía que reina alrededor de los pick ups no puede seguirse manteniendo y las autoridades legalmente instituidas deben tomar medidas inmediatas tendientes a evitar la siguiente muerte o el siguiente disturbio.
No pueden seguirse convirtiendo en tierra de nadie los sitios públicos o privados donde se instalan pick ups que se supone son para la diversión y el sano entretenimiento de las personas, no para la generación de conflictos. No se le puede vetar el acceso a la autoridad gubernamental ni policial, ni mucho menos rechazar su presencia en estos eventos para que pongan orden a los mismos. Mucho menos se puede permitir que los agentes del orden cuando se hacen presente en estos sitios sean recibidos a plomo limpio o que sea la misma sociedad la que protagonice asonadas contra los policiales, por esto enardece más los ánimos y termina por generar enfrentamientos donde los que terminan siendo más vulnerables son los ciudadanos desarmados e inocentes como ocurrió con la joven mujer asesinada en medio de los enfrentamientos.
Si por tratarse de un asunto cultural la existencia de los pick ups y toda la celebración que gira en torno a estos ruidosos y aparatosos equipos de sonido, y las autoridades quieren conciliar con sus seguidores la continuidad de su funcionamiento, sus dueños y operadores deben asumir la responsabilidad por lo que ocurre en materia de orden público en los espectáculos donde se presentan y las víctimas y destrozos que se originen en este tipo de enfrentamientos que ponen en grave riesgo a toda la comunidad y sus propiedades.
Estos deberían suscribir algún tipo de acta de compromiso, una especie de contrato social con las autoridades en el que asuman la responsabilidad por cada hecho antrópico que se presente y que afecte la vida en sociedad, que se comprometan a no afectar a sus vecinos con intensas e interminables jornadas de música ruidosa y que si es permitida su existencia esta no supere los decibeles razonables y exigidos para un disfrute audible de la música que no altere los nervios y exaspere los ánimos. También debe haber más control a la forma como en forma excesiva los jóvenes e incluso los menores de edad consumen licor y combinan con drogas estupefacientes que acelera los comportamientos agresivos y violentos que terminan con peleas, crímenes y muertes.
Ya no nos podemos permitir el lujo de hacernos los ciego, sordo mudos, permitiendo que este fenómeno siga generando muertes, alterando la salud mental de las personas y el orden público y la seguridad ciudadana como principal activo que garantiza la sana convivencia en sociedad.
El tema amerita la seriedad de las autoridades y el buen comportamiento y tolerancia ciudadanas como compromiso de las partes para buscarle solución a un fenómeno social que está alcanzando ribetes peligrosos y que por lo mismo requiere solución definitiva y radical.
La muerte de dos personas en medio de una balacera por cuenta de los enfrentamientos que ya vienen “cazados” entre pandilleros de barrios populares del centro de la ciudad mientras parrandeaban en los carnavales de San Andrés alrededor de un ruidoso pick up obliga a las autoridades del Departamento, tanto gubernamentales como policiales a tomar medidas radicales tendientes a evitar que el orden público y la seguridad se sigan viendo afectados por el mal comportamiento ciudadano a la hora de divertirse.
Los barrios y las vías públicas no pueden terminar convertidos en campos de batalla donde las balas zumban a toda velocidad impactando en la humanidad de las personas o en las paredes y ventanales de las casas, ni su propiedad privada destrozada por cuenta de estos comportamientos altamente agresivos y criminales.
La anarquía que reina alrededor de los pick ups no puede seguirse manteniendo y las autoridades legalmente instituidas deben tomar medidas inmediatas tendientes a evitar la siguiente muerte o el siguiente disturbio.
No pueden seguirse convirtiendo en tierra de nadie los sitios públicos o privados donde se instalan pick ups que se supone son para la diversión y el sano entretenimiento de las personas, no para la generación de conflictos. No se le puede vetar el acceso a la autoridad gubernamental ni policial, ni mucho menos rechazar su presencia en estos eventos para que pongan orden a los mismos. Mucho menos se puede permitir que los agentes del orden cuando se hacen presente en estos sitios sean recibidos a plomo limpio o que sea la misma sociedad la que protagonice asonadas contra los policiales, por esto enardece más los ánimos y termina por generar enfrentamientos donde los que terminan siendo más vulnerables son los ciudadanos desarmados e inocentes como ocurrió con la joven mujer asesinada en medio de los enfrentamientos.
Si por tratarse de un asunto cultural la existencia de los pick ups y toda la celebración que gira en torno a estos ruidosos y aparatosos equipos de sonido, y las autoridades quieren conciliar con sus seguidores la continuidad de su funcionamiento, sus dueños y operadores deben asumir la responsabilidad por lo que ocurre en materia de orden público en los espectáculos donde se presentan y las víctimas y destrozos que se originen en este tipo de enfrentamientos que ponen en grave riesgo a toda la comunidad y sus propiedades.
Estos deberían suscribir algún tipo de acta de compromiso, una especie de contrato social con las autoridades en el que asuman la responsabilidad por cada hecho antrópico que se presente y que afecte la vida en sociedad, que se comprometan a no afectar a sus vecinos con intensas e interminables jornadas de música ruidosa y que si es permitida su existencia esta no supere los decibeles razonables y exigidos para un disfrute audible de la música que no altere los nervios y exaspere los ánimos. También debe haber más control a la forma como en forma excesiva los jóvenes e incluso los menores de edad consumen licor y combinan con drogas estupefacientes que acelera los comportamientos agresivos y violentos que terminan con peleas, crímenes y muertes.
Ya no nos podemos permitir el lujo de hacernos los ciego, sordo mudos, permitiendo que este fenómeno siga generando muertes, alterando la salud mental de las personas y el orden público y la seguridad ciudadana como principal activo que garantiza la sana convivencia en sociedad.
El tema amerita la seriedad de las autoridades y el buen comportamiento y tolerancia ciudadanas como compromiso de las partes para buscarle solución a un fenómeno social que está alcanzando ribetes peligrosos y que por lo mismo requiere solución definitiva y radical.
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