Trasladan hallazgos penales y disciplinarios por siete contratos en 2013 con una contratista.
La Contraloría General de la República confirmó las irregularidades denunciadas por el semanario The Archipiélago Press en la contratación del Infotep con la contratista Mildred Rosa Carrol Mozo, a la que en un año le adjudicaron siete contratos por 154 millones de pesos, presentándose hallazgos de tipo penal y disciplinario, según confirmó el ente de control fiscal en oficio a esta redacción. Lo insólito del asunto es que el ente de control fiscal descubrió que en un año el Infotep celebró con una misma contratista foránea una multiplicidad de contratos por varias actividades por más de 154 millones de pesos.
En una comunicación remitida a esta redacción, la CGR advierte que “en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 267 de 2000, al procedimiento de Atención de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición y otras solicitudes de la Contraloría General de la República, comedidamente le informo sobre los resultados de las actuaciones adelantadas por esta Gerencia, en atención a la denuncia instaurada por usted, relacionada con la expedición del CDP 26713 de 2013 y la contratación de servicios con un contratista particular.”
De acuerdo con el oficio de la CGR, durante la vigencia 2013 y a corte de 23 de abril de 2014 , el “Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, Infotep, firmó siete contratos de prestación de servicios con la señora Mildred Rosa Carroll Mozo” de la siguiente manera: contrato 38 de prestación de servicios de asesoría por 7.700.000.oo; contrato 61 para la prestación de servicios profesionales para asesoría externa por 10 millones de pesos; contrato 73 para la prestación de servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento a la contratación por 9.945.488; contrato 78 de prestación de servicios profesionales de capacitación sobre organizaciones de actividades académicas por valor de 16 millones de pesos; contrato 95 de prestación de servicios profesionales de asistencia técnica y acompañamiento por valor de 16 millones de pesos; contrato 97 para la prestación de servicios profesionales para la asistencia técnica y acompañamiento a procesos de renovación de los registros calificados de programas académicos por 75 millones de pesos y contrato 13 de 20 millones de pesos para apoyar a la rectoría y las dependencias académicas, de investigación y Extensión. Estos siete contratos que la Rectoría del Infotep le concedió a una sola contratista, sumaron en total 154 millones 645 mil 488 pesos.
A juicio de la Contraloría “se pudo observar que para el contrato 038 de 2013, cuyo objeto era la prestación de Servicios de Asesoría en la valoración de los planes de acción y representación de planes de contingencia para el direccionamiento estratégico del Infotep por valor de $ 7.700.00.oo, de los cuales se realizaron pagos de la Unidad Académica cuando se estaban realizando actividades de asesoría a la Dirección, lo cual debió ser un gasto de gestión general y no de la Unidad Académica, de la cual se entiende se deben generar gastos misionales, es decir, académicos como horas cátedra, situación que genera un hallazgo con presunta incidencia penal y disciplinaria, por lo cual se compulsara copias a la Procuraduría y Fiscalía Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para lo de su competencia y demás fines pert5inentes”, dice un escrito del Contralor Provincial de la Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés, Rafael Argemiro Gómez Redondo.
Los hechos
El semanario The Archipiélago Press denunció en julio pasado que la Rectora del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Infotep, Nareta Steele Pérez, salió al paso de las denuncias efectuadas por el semanario The Archipiélago Press, sobre presuntas presiones al ex contador público de la institución Juan Carlos Meza Salgado que habrían precipitado la renuncia del funcionario tras anular un CDP de 100 millones de pesos que necesitaba la funcionaria para contratar una coordinadora académica con dineros de horas cátedra para pagar honorarios en julio de 2013. Este hecho fue confirmado por la CGR, al afirmar que “revisado el CDP objeto de la denuncia interpuesta, se pudo observar que el rubro afectado era el A-1-0-2-12 Honorarios, del centro de Costos de Gestión General, con recursos de la Nación y Propios por un valor de cien millones de pesos, el cual tiene estado de anulado. Los hechos fueron denunciados a The Archipiélago Press por el ex contador público de Infotep Juan Carlos Meza Salgado quien aseguró “que fue obligado a renunciar del cargo por haberse negado a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) por 100 millones de pesos para contratar una asesora del despacho de la rectoría con recursos provenientes de horas cátedra, “lo cual no se podía realizar, por cuanto comprometería los recursos asignados, a los docentes de la institución, por el concepto de horas cátedra, y la ley me prohíbe nombrar docentes, sabiendo que no existen recursos, para el pago de las obligaciones que se van a contraer, un principio presupuestal muy básico. Esto genero mucho malestar a la dirección, debido a que la contratista, ya estaba realizando algunas actividades y fue en donde me manifestaron que poseían pruebas, para hacerme daño. (…), no soy el único funcionario de la anterior administración que renunció, aparte de esto, los contratistas que venían de la anterior administración son muy pocos los que quedan.”
La contratista fue vinculada
La doctora Mildred Márquez Mozo es una exitosa profesional de la educación superior y docente de la ciudad de Barranquilla, donde fue decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Simón Bolívar y docente de la Universidad Metropolitana. Pero ese buen performance no ha sido impedimento para afrontar problemas en las islas. Fuentes aseguran que se trata de la misma contratista de la que el Infotep debió salir a aclarar su situación de residencia en el archipiélago. En mayo pasado la rectora del Infotep debió salir a aclarar su situación laboral frente a los requisitos legales que ordena el Decreto 2762 de 1991, (Occre), mediante un comunicado de prensa donde “aclara a la comunidad de las islas, sobre la información divulgada a través de la radio y ante la Oficina de Control y Residencia, Occre, sobre la contratación y supuesta residencia ilegal de un servidor de la institución académica” : “En este sentido, las directivas aclaran que la institución cuenta con un contratista que se encuentra de manera legal residiendo en las islas con la Occre provisional no. 217177 solicitada y expedida por la Oficina de Control y Residencia Occre. Este contratista viene laborando en la institución académica hace diez meses, y no un año y medio, como se indica en la denuncia publicada a través del medio de comunicación en mención.
Por 