La Procuradora Regional de San Andrés Edith Josephine Carreño Corpus no puede ser selectiva en la aplicación de la Ley 734 o Código Único Disciplinario dirigiéndolo contra los enemigos políticos de su padrino en el cargo y laxa con los apadrinados de éste, porque desnaturaliza la esencia de la función del Ministerio Público, cual es la lucha contra la corrupción y las malas prácticas en la administración pública.
Y decimos esto porque mientras el pasado 25 de junio se tomó literalmente la Gobernación del Departamento para verificar el corte de la contratación estatal a fecha de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías para que no se hiciera contratación que favoreciera políticamente a los amigos o aliados del Gobierno Departamental, omitió hacer lo mismo con el municipio de Providencia, que de paso celebraba ese día sus carnestolendas y fue la excusa perfecta para que el alcalde y su padrino político Julio Gallardo Archbold (también de la Procuradora), celebraran juntos no solo las festividades folclóricas de Providencia y Santa Catalina, sino también la feria de contratos que hasta dos días después se llevaron a cabo en la Alcaldía Municipal de Providencia.
La actuación de la Procuraduría en este episodio de la entrada en vigencia de la llamada Ley de Garantías que pretende imparcialidad de la administración pública frente a las próximas elecciones, justamente adolece de eso, de imparcialidad, porque mientras se le prohibió a sus antagonistas políticos, se le permitió a sus aliados políticos.
Pero no es ese el único episodio que se le debe reprochar a la prematura procuradora que lo que le corresponde es actuar con imparcialidad y equilibrio.
También merece reproche el elocuente silencio y lentitud que ha guardado su despacho frente a denuncias sobre casos puntuales de corrupción en la Alcaldía Municipal de Providencia en cabeza de Arturo Robinson Dawkins, que han sido denunciados pública y formalmente por esta redacción, cuyas pruebas se le han entregado en las manos a Carreño Corpus, en procura de investigar tales actos pero su despacho se ha hecho el de la vista gorda.
Se trata de irregularidades que ya ha venido denunciando The Archipiélago Press sobre favoritismo en la contratación del municipio en familiares de quienes ordenan y ejecutan el gasto público, contratación con personas inhabilitadas para ello, y uso de multimillonarios recursos para fiestas públicas, a las que ahora y por cuenta de una investigación que se publica en esta misma edición, se suma un nuevo episodio que compromete nuevamente al alcalde Arturo Robinson Dawkins, en otro nombramiento sin los requisitos legales y violando las propias disposiciones de la Alcaldía y de los actos administrativos firmados por él.
Se trata del nombramiento de su asesora jurídica Julissa Archbold Borden, a quien el mandatario nombró en el cargo con clasificación Código 105 , grado 01, nivel asesor, como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Providencia, sin estar titulada como abogada para ostentar dicha dignidad.
The Archipiélago Press espera que el Ministerio Público en las islas se pronuncie sobre esas denuncias y arroje resultados del caso, como quiera que son episodios en los que incluso ya se han proferido condenas en quienes fueron contratados estando inhabilitados, pero no se ha dicho nada de quienes los contrataron sin observar el cumplimiento de los requisitos de Ley. En caso de no pronunciarse la Procuraduría Regional de las islas frente a los evidentes actos de corrupción, simple y llanamente corresponderá proceder con las denuncias formales ante el propio procurador general de la Nación Alejandro Ordoñez Maldonado, haciendo saber las razones del elocuente silencio de su representante en la región.
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