Posteriormente al Fallo de la C.I.J los pescadores han atravesado diferentes problemáticas la principal es la falta de recurso cuando salen a faena, como también el acoso constante de la guardia nicaragüense en altamar.
Son más de cuarenta pescadores que salen a faena diariamente donde la gran mayoría se regresa sin nada perdiendo por completo su tiempo e inversiones que le han hecho a sus naves marinas, estos afirman que hoy día viven con grandes dificultades puesto que no logran conseguir nada para subsistir.
Por ende el gobierno Nacional desde el Fallo autorizó subsidios para los pescadores artesanales, pero hoy día se ha conocido que dentro de esa inversión se han presentado problemáticas que aquejan a los marinos, como excluyeron algunos que por año han estado vinculados a cooperativas, quienes no lograron beneficiarse de dicha prestación que fue por seis meses.
Actualmente la pesca no les da para los gastos del hogar y ya no cuentan con el subsidio que el gobierno les dio al inicio de la problemática, complicando cada día su situación. La contralora Nacional en la rendición de cuenta se refirió al tema, afirmando que la entidad trabaja en las investigaciones correspondientes para lograr una pronta respuesta positiva para los afectados.
“El proceso de los pescadores por mil setecientos millones de pesos, subsidios que se entregaron a quien no tenía derechos y la advertencia porque este subsidio era por seis meses”, contralora Nacional Sandra Morelli Rico.
Durante el cuatrienio en la Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés, se tramitaron 157 derechos de petición, incluidas denuncias ciudadanas, las cuales arrojaron como resultado el inicio de tres por valor de $2 mil 862 millones 600 mil que se están tramitando actualmente.
Se destaca la denuncia de dos ciudadanos isleños, quienes señalaron, el primero haber sido excluido como beneficiario de la lista de pescadores artesanales y el segundo que nunca fue tenido en cuenta pese a encontrarse afiliado, desde hace muchos años a la Cooperativa San Luis Fish And FarmAsociation.
El gobierno Nacional, en Consejo de Ministros celebro el 5 de diciembre de 2012, en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estudio y analizó la situación que con ocasión al Fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia, se causó a los habitantes pescadores de la zona, buscando alternativas que permitieran superar esta problemática.
Resultado de esa reunión, se aprobó la implementación del Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual implica acciones inmediatas para el alivio a mil 500 pescadores, mediante un programa de inversión social que otorgó un subsidio por un millón 800 mil pesos, para cada uno, por un periodo de seis meses, por un costo total del programa de $16 mil 200 millones de pesos.
En ese sentido, la Gerencia Departamental Colegiada inició la actuación correspondiente frente a los hechos denunciados por los ciudadanos y se pudo evidenciar que se incurrió en violación a los parámetros legales establecidos en los actos administrativos de los años 2012 y 2013 por el director general del Departamento para la Prosperidad Social, al realizar pagos a personas reportadas en los listados de suspendidos y excluidos, según Banco Agrario de Colombia y el DPS, por $1.740.600.000, lo que originó un PRF por esta cuantía.
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