Velázquez y Cifuentes, mienten

El Espectador se dejó engañar/ Antonio Colmenares Martínez

Un ejemplo pedagógico de falta de rigor periodístico lo ofreció el diario El Espectador mediante una noticia que toma como fuentes al ex congresista Víctor Velásquez y el abogado Ricardo Cifuentes, que hablan de 59 raizales de San Andrés asesinados en los tres últimos años, hechos, que según El Espectador, se suman a desplazamiento y “clima generalizado de persecución y discriminación”.

Si el registro de muertes selectivas en San Andrés es alto, aunque nunca de 59 en tres años, a pesar de que apenas son 27 kilómetros cuadrados, los crímenes no corresponden a problemas étnicos, culturales o de discriminación y persecución de raizales, eso es mentira. Los muertos los causan las bandas criminales que hacen usufructo de la ruta del narcotráfico en la que convirtieron las mafias a San Andrés, ruta de la que saben muy bien las autoridades. Es una realidad que podría llamarse ‘cáncer social’, que afecta a todos los habitantes de estas islas por igual, raizales o continentales a quienes aquí se conocen con el término ‘paña’. Si alguien quiere corroborar si esto es verdad, pida a la Policía o a la Fiscalía la lista de personas muertas de forma selectiva y se podrán dar cuenta que hay continentales y raizales, pero la mayoría con antecedentes, con prontuario y no por ser raizales. Las muertes selectivas no se han ejecutado por cuenta de una especie de ‘apartheid’ isleño, que es lo que dan a entender Velázquez y Cifuentes. Eso nunca se ha denunciado, porque nunca ha ocurrido, por eso mienten Velázquez y Cifuentes, eso hubiera sido un verdadero escándalo, no por 59 muertos, como dice la nota de El Espectador, sino por una sola víctima que se hubiera ocasionado por anti-raizalismo. El pueblo isleño, todo, hubiera reaccionado pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, -CIDH-que investigara y sancionara. Porque 59 muertes por ser raizales sería un genocidio y hubiese desatado reacciones sin necesidad de la denuncia de los señores Velázquez y Cifuentes, eso es claro. Lo que hay que investigar es la clase de interés que tienen los ‘juristas’ para informar sobre estas cifras y aseverar sobre hechos inexistentes.

La nota de El Espectador asume como verdad lo dicho por los abogados denunciantes en el sentido de que “el pueblo raizal en su cultura tiene valores distintos al ánimo de lucro permanente y la cosmovisión comercial y consumista de la vida”, lo cual era cierto hasta un punto de la historia de las islas, pero esto cambió y hoy en día algunos integrantes de las nuevas generaciones raizales si tienen como fin el ánimo de lucro y atienden la ‘cosmovisión comercial y consumista de la vida’, algunos por el ‘camino recto’, estudiando, preparándose y otros ‘haciendo las vueltas’ como se denomina caer en la delincuencia que propone el dinero fácil del narcotráfico. 

Pero de todos los exabruptos que dicen los abogados en la nota de El Espectador, uno de los más irresponsables es asegurar que “la diferencia cultural e idiomática entre los raizales y continentales ha hecho que los primeros sufran un ‘clima generalizado de persecución y discriminación y que hay una segregación evidente que sumada a los 59 homicidios perpetrados en los últimos tres años constituye una radiografía preocupante que debe atender el Estado…”, dice el texto de El Espectador.

Estos señores mienten también en este aspecto porque no hay discriminación o segregación por las formas de comunicación. Los raizales hablan creole entre ellos y cuando hay continentales hablan español y los continentales respetan la cultura isleña y en los actos y en los ejercicios religiosos se pide que la comunicación sea en las dos formas.

Dice además El Espectador que “tomando como fuentes los semanarios El Extra y Archipiélago Press, se advierte en el documento que Jonathan Vásquez Silgado, Ubaldo Simón González y Erik Martínez Blanco hacen parte del grupo de raizales desaparecidos”. Ante esta cita se puede preguntar entonces porque no colocaron la lista de los 59 raizales muertos por discriminación racial. Ese genocidio hubiera sido noticia mundial. No la pueden publicar porque no existe.

Este cúmulo de mentiras no son más que las argucias de los leguleyos ávidos de los dineros que les giran  a las ONG para ‘proteger y vigilar las poblaciones vulnerables’, por eso es que piden a la CIDH que ordene 14 acciones urgentes para atender al pueblo raizal amenazado.

Y dice El Espectador: “En concreto solicitaron la protección a la vida y a los valores culturales de los raizales. Además que se ordene al Estado una investigación inmediata para detener la estela de crímenes que han padecido, para liberarlos de los cobros que les hacen cuando visitan los lugares que antes pertenecían a sus ancestros y que cuanto antes se detenga la exclusión económica, comercial y laboral. Además, que se ordene a Colombia adecuar su legislación a fin de que el pueblo raizal goce de representación propia en el Congreso, y que los bienes confiscados a la mafia que fueron construidos en territorios ancestrales les sean entregados a los raizales. La solicitud ya le llegó al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza Longoria y que busca el reconocimiento de lo que para los abogados ha sido una población excluida y en peligro”, dice incorrectamente El Espectador, diario de tiraje nacional, seguramente afectado en su buena fe, pero que deja un ejemplo claro de lo que no se hace en periodismo: publicar sin confrontar varias fuentes, especialmente cuando el asunto es tan grave y de tanta trascendencia.