El tema de las Consultas Previas. La Revista Dinero publicó un informe bajo el titulo de “Con licencia para frenar”, en el que reseña a dos lideresas raizales como “palos en la rueda” del progreso, junto a otros líderes de comunidades afros e indígenas que a través de procesos de consulta previa están frenando proyectos de inversión del Gobierno Nacional en sus respectivas regiones. Según la publicación económica del Grupo Semana,“los líos por las consultas previas y las licencias ambientales tienen en jaque a algunos de los más grandes proyectos de infraestructura. (…) Es paradójico que mientras el gobierno nacional hace todo lo que está a su alcance para entrar al club mundial de buenas prácticas de la Ocde, no haya sido capaz de resolver dos de los problemas más graves que tiene después de la paz: los líos por las consultas previas y las licencias ambientales.”
La génesis de este problema se remonta varias décadas atrás, cuando el Estado le dio la espalda a las regiones alejadas de las grandes ciudades. Con la Constitución de 1991, el crecimiento de la economía y la necesidad de construir más y mejores vías, nuevas hidroeléctricas y extender la frontera minera, fue necesario entrar a negociar con esas comunidades que ya tenían varios resentimientos y deudas sociales acumuladas por generaciones. Los platos rotos se pagan hoy. Según el Ministerio del Interior, entre 2011 y 2014 se presentaron 3.434 solicitudes de consultas previas por todo tipo de proyectos y obras. A la par de los problemas para negociar con las comunidades raizales, indígenas o afros, se suma el negocio en el que se han convertido para varias personas en el país la consulta y la licencia.
Algunos de estos líderes no tienen otro propósito que servir a sus vecinos e intermediar ante Gobierno y empresas para alinear intereses. Sin embargo, otras personas se aprovechan de las circunstancias para sacar beneficio económico de los procesos. El término más fuerte que se escucha en algunos sitios del alto gobierno es ‘extorsión’. Para tratar de conjurar y reducir los costos derivados del atraso en la obtención de la licencia previa, el Gobierno expidió el decreto 2613 de 2013 y la directiva presidencial 10 de 2013 que estipulan las etapas de los procesos de consulta. El asunto de fondo es que se requiere una reforma legislativa que no tiene mucho eco en el Congreso porque nadie se quiere echar encima esas comunidades. Por lo pronto, tanto la Cámara Colombiana de la Infraestructura como el Ministerio del Interior tienen listos los borradores de dos proyectos de ley. El gran desafío será proteger los intereses de estas comunidades sin que eso implique frenar los proyectos.
Casos emblemáticos: Corinne Duffis y Ofelia Barker, San Andrés Islas: El Gobierno busca realizar algunas obras de ampliación y modernización del aeropuerto de San Andrés.
El problema es que a raíz del fallo de la Haya, algunas comunidades raizales de la Isla están más sensibles y exigen que el Archipiélago sea declarado territorio raizal con lo que aumentaría la influencia de estas personas y dificultaría aún más la ejecución de las obras. El Min Interior sostiene diálogos muy complejos con Corinne Duffis y Ofelia Barker, dos líderes de la isla. En las tensas negociaciones se exigen costosos asesores y se evidencian conflictos internos entre las comunidades por asuntos religiosos. Según Min Interior, Corinne Duffis es líder de AMEN (Archipiélago Movement For Ethnic Native Self Determination).
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